UNA PROPUESTA DE POLÍTICAS DESDE LA IZQUIERDA ANTE LA CRISIS NEOLIBERAL ARENERA, PARA HACER AVANZAR LA REVOLUCIÓN

Desdolarizarnos, declararnos en incapacidad de pago, nacionalizar la administración de los fondos de pensiones, establecer la factura electrónica, que paguen IVA las empresas. Sin estas medidas, la quiebra económica total, la convulsión y levantamiento del pueblo son indetenibles, más temprano que tarde.

Como un corolario, hacerle saber al pueblo salvadoreño, a la clase política y a los capitalistas de este nuestro querido El Salvador, que la crisis financiera internacional que se acerca, por el derrumbe de la economía del dólar y lo impagable de la deuda de las economias capitalistas dominantes, no la pueden seguir ignorando, no hay que continuar con la actitud del avestruz, deben leerse los muchos artículos y noticias que circulan alrededor del mundo, además, es recomendable leer los dos primeros capítulos del libro “Regreso del colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar”.

DESDOLARIZACIÓN

El Salvador debe establecer una política macroeconómica al servicio de la gente, pero este objetivo es imposible si primero no se recupera una moneda nacional y, por lo tanto, la política monetaria, crediticia y cambiaria propia del país. Esto lo sostenemos al estar demostrada la incapacidad de la dolarización de cumplir los beneficios que se esperaban y la fuerte presión que realiza en tanto sus costos han sido elevados (ver Salvador Arias, “Regreso del colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar”, 2017).

Esta afirmación no es ideológica, ni contraria a la dolarización a priori, el problema de fondo es que la dolarización ha fracasado debido a que no es sustentable en el ámbito macro financiero, pues los costos económicos se seguirán acumulando.

Esto debido a que, estructuralmente, la oferta total de dólares para la economía salvadoreña es inferior a la demanda total de estos, además, aparte de que tenemos una competitividad baja y otros problemas estructurales, esta demanda de dólares incluye una exportación neta de capitales anualmente; es decir que, los dólares disponibles en la economía salvadoreña provenientes de los mecanismos tradicionales (exportaciones, remesas, préstamos e inversiones extranjeras –privatizaciones–) NO ALCANZAN para financiar las necesidades de dólares que necesita el sector externo de nuestro país y el financiamiento de la actividad interna de consumo e inversión que se ha establecido en el actual modelo neoliberal dolarizado.

Por lo tanto, para mantener la dolarización, en el esquema de la política económica actual, se requiere que el Estado impulse medidas que tengan por efecto reducir la demanda total de dólares. Esas medidas son recesivas y de contracción de la demanda doméstica agregada (consumo e inversión), e incluyen:

  1. a) Gastar dólares, en términos netos, de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Reserva para financiar el déficit externo. Esta política ya tiene su límite por el evidente agotamiento de las RIN del Banco Central; si excluimos de estas, como debe ser, las reservas de liquidez, el BCR no tiene RIN ni para una semana de importaciones.
  2. b) Incrementar el endeudamiento externo e interno del Sector Público para ampliar la oferta de dólares. Esta política ya se agotó, lo cual se expresa en el hecho de que los ingresos netos de flujos por endeudamiento son negativos, como resultado de que estos flujos se utilizan para el pago del principal e interes de la deuda, y ni para eso alcanzan; esto cada vez es más grave e insostenible por el alto deterioro en la calificación de “triple c” que las calificadoreas de riesgo le han puesto al país, lo que implica que, seguirse endeudando, cada vez significará unos costos financieros crecientes, los cuales ya son expeculativos, cuando comparamos las tasas normales en los mercados financieros con las que está pagando ya el país. Este vicio del endeudamiento es más perverso, como resultado que el Gobierno sigue transformando deuda de corto plazo –LETTES– (que tienen como sentido resolver problemas de encalse se los ingresos de la hacienda pública en un año fiscal), a deuda de largo plazo, 25 o 30 años, esta es una de las políticas de endendamiento más pervesas que puede tenerse.
  3. c) Incrementar el endeudamiento externo e interno del Sector Privado para ampliar la oferta de dólares. Al igual que con el endeudamiento del Sector Público, esta política tiene su límite en que el endeudamiento del Sector Privado debe también pagarse de un flujo de dólares estructuralmente deficitario y no es factible continuar endeudándose sin límite, es más, si vemos los resultados de la Balanza Comercial, el sector privado no genera ni el 50% de las divisas que requiere para funcionar, dado que es este el que importa más de 10,000 millones de dólares, pero solo genera en exportaciones alrededor de US$ 5,000 millones. Esto se agrava con el hecho de que el gran sector privado, sea nacional o extranjero, es un exportador de capital agresivo, siendo así que es la gran empresa privada nacional y transnacional la responsable de la trampa de la deuda que vive nuestra economía y que no es viable mantenerla.
  4. d) Reducir la demanda global de dólares, impulsando medidas de restricción de crédito y de contracción en el gasto público, que tienen por objeto restringir la Demanda Doméstica Agregada (Consumo + Inversión) para ahorrar dólares. Esto conlleva la consecuencia que la economía, anclada al dólar en una estructura macroeconómica que es deficitaria en esa moneda, no puede crecer y se privilegia un ajuste macroeconómico de carácter recesivo. Ese ajuste recesivo castiga los salarios, aumenta el desempleo y provoca la bancarrota de micro, pequeñas y medianas empresas. El límite de esta política de recesión en el ingreso per cápita, es la consecuente inestabilidad social y política que resulta del desempleo y del colapso de los ingresos de los trabajadores y de la clase media.
  5. e) Castigar los sectores productivos nacionales en la esperanza de que los TLC resolverán problemas estructurales de la falta de dólares, pero por ser estructurales, no pueden ser resueltos por tratados comerciales que, en el caso de muchos productos de origen agropecuario e industrial, involucran dumping en contra de El Salvador, además de la importación de productos subsidiados en el país de origen, particularmente los agropecuarios, además de las profundas asimetrías de nuestra economía con los principales países que hemos firmado TLC, como los Estados Unidos de América, México, Chila, Unión Europea, etc. El déficit comercial acumulado en el marco de la dolarización y los TLC supera los 25,000 millones de dólares (ver Salvador Arias, “Regreso del colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar”, 2017).
  6. f) Obtener dólares continuando con la privatizacvión, de parte de los inversionistas extranjeros, mediante la privatización de la salud, el agua, el aeropuerto, los puertos, la generadora de energía eléctrica, las acciones de telefonía en manos estatales, el zoológico, etc. Esta política tiene su límite en que las privatizaciones tienen un efecto de “una sola vez” y no resuelven el problema estructural del déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), es, además, llegar a la perversidad máxima del modelo neoliberal, en contra de los intereses del pueblo salvadoreño.

Con medidas de esta naturaleza la economía salvadoreña no puede crecer, en el sentiro que el crecimiento, por una parte, sea un gran generador de riqueza, gran generador de empleo y un promotor directo de una disminución estructural de la pobreza, lo cual implica que sea capaz de acelerar un desarrollo de nuestras fuerzas productrivas en un marco de competitividad; para ello necesitamos un crecimiento del 7 al 10% anual, esto requiere niveles de inversión de entre el 25% y 40% del PIB, contra un 14% que es la inversiónn actual. Seguir creciendo al 2%, 2.3% o 2.4%, es seguir deteriorando las condiciones de vida de la población sin que haya un desarrollo de las fuerzas productivas del país y, por lo tanto, no se resuelven nuestras asimetrías con la economía internacional, especialmente con EE.UU. y Centroamérica, estos dos últimos son los bloques económicos con quienes tenemos nuestras principales relaciones económicas de exportación e importación. Solo la desdolarización y la recuperación de nuestra moneda y soberanía monetaria, cambiaria y crediticia, puede habrir un camino diferente en la tasa de crecimeinto, para romper el círculo vicioso del endeudamiento, para recuperar la política crediticia sectorial, para terminar la especulación del sistema financiero y convertir dicho sistema en una palanca directa para el crecimiento y desarrollo de nuestra economía.

MORATORIA DEUDA

En tanto que el Estado salvadoreño ha usado el endeudamiento público a lo largo de los años para financiar y mantener las reformas neoliberales de privatización, liberalización y apertura de la economía y para sostener la dolarización a partir del año 2001, es pertinente iniciar un proceso de renegociación de la deuda. Esto como una decisión importante de realizar, antes que las mismas condiciones del mercado obliguen al Estado a llegar a esa situación, pero en condiciones dictadas por el FMI y los acreedores del sistema financiero mundial.

Si se analiza la estructura de composición de la deuda, una estrategia de renegociación implicaría solicitar una moratoria para los pagos de amortización e intereses de la deuda contraída con organismos multilaterales por diez años. De los 3,516.2 millones de dólares, que era el monto de la deuda multilateral a diciembre 2016, US$ 1,926.6 millones corresponden a obligaciones contraídas con el BID, US$ 908.2 millones con el Banco Mundial, US$ 613.2 millones con el BCIE y US$ 68.2 millones con otros organismos. Una negociación con este tipo de organismos es una alternativa viable frente a la situación de iliquidez del país.

Además se podría buscar una condonación de la deuda bilateral, si se toma en cuenta la escala de las economías que nos son acreedoras; con Alemania se tiene una deuda de 145.7 millones de dólares, US$ 134.8 millones con Japón y US$ 42.3 millones con España. Gran parte de esta deuda proviene de programas de cooperación al desarrollo.

Saldo de la deuda total del SPNF, a diciembre 2015-2016

(En millones de US$ y en % del PIB)

De los principales problemas en términos de deuda externa, esta provendría de la deuda comercial, representada por las obligaciones con los bonos emitidos en el mercado financiero internacional. En el contrato de emisión de bonos se establece que el Estado salvadoreño debe hacer frente a las obligaciones financieras adquiridas con la emisión y en caso de no poder pagar los cupones o los principales al vencimiento, el FMI funcionará como garante de la obligación; así, el FMI establecería las condiciones para un préstamo al Estado salvadoreño para que los flujos de efectivo sirvan para pagar los valores en el mercado bursátil. Este contrato debe declararse inconstitucional, pues se entrega la soberanía al FMI.

Como ejemplo de cómo opera un acuerdo de esta naturaleza, se puede citar lo ocurrido en 2009, donde el FMI acuerda con el Gobierno salvadoreño unos fondos Stand-by como medida precautoria a la falta de liquidez del sector público. Para tener posibilidad de contar con dichos fondos, el Gobierno se vio obligado por las autoridades del FMI a un programa de recortes en su política social, principalmente en las estructuras de subsidios y metas fiscales contractivas. ESTO ES UNA PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTOS PRÉSTAMOS.

Además, los contratos de deuda traspasan la jurisdicción contractual a juzgados en New York, suprimiendo de nuevo la soberanía nacional, el Estado, por su parte, renuncia a entablar cualquier proceso de reclamación por los Eurobonos emitidos o procesos suscitados con inversionistas, así como también renuncia a la capacidad de apelar a fallos generados en los tribunales de New York de parte de inversionistas. El contrato establece que cualquier reestructuración de las obligaciones es objeto de uniformidad de condiciones con todos los inversionistas, la cláusula pari passu, que le dio la entrada a los capitales buitres en Argentina. Es así que debe procederse a presentar a la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucional en cuanto a la deuda externa comecial, que tenga las caracteristicas mencionadas, donde los Eurobonos sobresalen.

El impacto de una renegociación de este tipo significaría liberar recursos para apoyar el desarrollo de las fuerzas productivas del país, sobre todo de la clase trabajadora más vulnerada; solamente por los Eurobonos se deben pagar 408.5 millones de dólares en concepto de intereses anualmente, esto con colocaciones de bonos de calificación crediticia Baa3 y Ba1, que han permitido tasas de interés entre el 6% y 8% como cupón. Para mayo, Fitch Ratings ha disminuido la calificación de riesgo del país hasta un CCC y Moody’s a Caa1 que implicaría tasas de interés mayores para poder colocar deuda.

 

Si bien retomar una estrategia de este tipo implica renunciar a los flujos de desembolso de deuda, el ahorro por la suspensión de los pagos sería mayor, según las proyecciones del FMI, el pago del servicio de la deuda sería de 1,190 millones de dólares, mientras a la par se recibirían US$ 363 millones por desembolsos de deuda para el presente año; de este modo, el monto de recursos liberados por el Estado sería de US$ 827 millones para 2017 y un total de US$ 5,344 millones en los próximos 5 años, recursos que sin duda son importantes para desarrollar una política de inversión vigoroza en los sectores generadores de riqueza en el país, que nos permita niveles de crecimiento del 5 al 8% o más, lo que nos garantiza que cuando termine la moratoria podremos cumplir con nuestras obligaciones de deuda congelada y comenzar a desactivar la pobreza estructural.

NACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Tenemos un sistema de pensiones que fue utilizado para ampliar la órbita de acumulación del capital y despojar a los trabajadores de parte del valor de su fuerza de trabajo. El salario diferido, y por tanto, una porción del valor de la fuerza del trabajo, pasa a manos privadas, además de la explotación del plusvalor; se vuelve ahora un fondo de acumulación de rentabilidad, pero sobre todo, un fondo de apalancamiento para la especulación financiera, que entre el año 1998 y 2013 signficó rentabilidades del 50 al 100% anual para las AFP y sus respectivos propietarios. Volvieron mercancía otro bien social, la previsión social, que la Constitución de la República establece que es un derecho de toda la población salvadoreña, no solo de quienes participan del reducido mercado laboral del capitalismo salvadoreño y su neoliberalismo perverso, que, en su gran mayoría (más del 75%), reciben pensiones de hambre.

Proponemos un sistema de capitalización colectiva porque es viable, pueden verse en el libro “Una Pensión para Todos” (Salvador Arias, 2016, editoriales UCA) las proyecciones financieras que se hacen con nuestro modelo de Capitaliación Colectiva, en el cual el Estado debe aportar y tomar otra serie de medidas ahí propuestas; financieramente el sistema es totalmente sostenible en el largo plazo, utilizando la información estadistica proporcionada por la Superintendencia del Sistema de Pensiones y del Ministerio de Hacienda. Esta propuesta tiene la ventaja de poder en el tiempo proporcionar mejores prestaciones a los trabajadores y cumplir la universalidad de las mismas que la Constitución establece. En cuanto al sistema actual de pensiones –en la práctica los dos sistemas (el público y el privado)–, desde el año 2006 funciona como un solo sistema de capitalización colectiva, esto pasó cuando se tomó la decisión de financiar el sistema privado con recursos de la hacienda pública, para poder pagar las pensiones del sistema privado, lo cual ha convertido al sistema de pensiones en otra de las fuentes de alimentación del círculo vicioso de la deuda que vive el Estado, y por el cual ya está en una incapacidad de pago abierta, aunque se le siga encubriendo con la política fiscal “de cerrar hoyos y abrir hoyos”, que es la política del actual Ministro de Hacienda.

Es necesario crear la institucionalidad necesaria para que una sola entidad del Estado asuma la obligación de administrar las cotizaciones para pensiones de los trabajadores públicos y privados, que libremente así lo deseen, volviendo al sistema de capitalización colectiva y de pensión definida. Este sistema de pensiones debería tener las siguientes características:

  1. a) Debe ser administrado a partir de la constitución de un fondo independiente, a cargo de la nueva entidad, el cual se nutra de las cotizaciones y los ingresos que generen las inversiones de los recursos del fondo, además de un aporte anual mínimo de 200 millones de dólares del Estado (Este actualmente tiene que aportar más de dos veces este monto, en una dinámica de endeudamiento que ya es insostenible).
  2. b) Esta nueva institucionalidad debe estar fundamentada en la solidaridad, por consiguiente, la base sobre la cual debe calcularse la cotización no debe tener límite respecto del monto del salario, el que gana más debe aportar un pordentaje mayor al fondo de pensiones, lo mismo la parte patronal.
  3. c) El derecho a tener una pensión se fundamenta en el tiempo cotizado y debe haber un mínimo de años cotizado para optar a una pensión, sin condición de la edad; esto es importante porque contribuye a diferenciar los riesgos laborales a que están sometidos los trabajadores, por ejemplo, si se pone como mínimo tener una edad de 60 años, un trabajador de la construcción está en desventaja en relación a una persona con formación académica (un técnico en laboratorio clínico, por ejemplo), porque el primero entra al mercado laboral a muy temprana edad, y si se le pone como condición que tenga 60 años para tener derecho a la pensión, seguramente no podrá gozar de ella, o si la logra obtener, será por muy poco tiempo, porque el desgaste físico de su trabajo ha sido intenso; en cambio, el técnico entra más tarde al mercado laboral, pero como su trabajo no requiere de gran desgaste físico, podrá gozar de su pensión a mayor edad que el obrero de la construcción.

Por otra parte, acumular 60 años de edad cotizando en el mercado de trabajo de la construcción es muy poco probable, dado que a los 35 o 40 años de edad el trabajador generalmente ya no es contratado; esto es igual en el sector servicios y en el sector industrial en general.

  1. d) El monto de la pensión debe estar basado en un promedio de los últimos salarios devengados por el futuro pensionado, en relación con el tiempo cotizado, porque el salario es la mejor medida del nivel de vida de una persona, y ese nivel de vida es precisamente lo que hay que garantizarle al trabajador; pero también deben regularse en el sentido de poner límites a las pensiones en aquellos casos en que el asalariado tiene la capacidad de decidir o de influenciar el monto de su salario, para evitar pensiones excesivas.
  2. e) Cuando un trabajador decida trasladarse del sistema de capitalización colectiva al sistema de ahorro para pensiones, no tendrá derecho a reclamar sus cotizaciones, tampoco el sistema de capitalización colectiva le exigirá cotizaciones cuando un trabajador decida trasladarse del sistema de ahorro para pensiones al sistema de capitalización colectiva, pero no contará el tiempo cotizado en el sistema de ahorro para pensiones para optar a una pensión.
  3. f) La ley debe dar los criterios básicos que regulen el tipo de instrumentos y los tipos de emisores que pueden ser adquiridos con las cotizaciones de los trabajadores, asegurando una rentabilidad adecuada y un riesgo moderado.
  4. g) El sistema de capitalización colectiva debe ajustar cada año la pensión mínima por la inflación anual registrada en El Salvador, en el mismo evento en que se aprueba el Presupuesto General de la Nación.
  5. f) El sistema de ahorro para pensiones, que se convertirá en un Sistema de Ahorro para la Vejez, ya cuenta con la institucionalidad necesaria y suficiente para operar, por consiguiente, de lo que se trata es de introducirle algunas reformas, como también aplicar los conceptos fundamentales de contabilidad a las AFP respecto a lo devengado de las comisiones. Ya no se puede tolerar que las AFP contabilicen las comisiones sobre la base de efectivo, el concepto de lo devengado dice: “Los ingresos se reconocen hasta que se han devengado y los costos cuando se ha incurrido en ellos”, por lo tanto, deben diferir las comisiones que no han devengado. Además, eliminar las responsabilidades patrimoniales que tiene el Estado.

Las pensiones para el retiro son un derecho que se ha adquirido a través de la lucha de la clase trabajadora, para asegurar una vida digna cuando las trabajadoras y los trabajadores terminan su vida laboral. No son una mercancía para que las AFP hagan sus negocios, mucho menos, para alimentar una perversa lógica de especulación financiera. Para una visión más completa de la propuesta, que implica la nacionalización de la administración del sistema de pensiones, pero no la nacionalización de los fondos de pensiones, se sugiere ver el libro ya referido, “Una Pensión Para Todos”.

REFORMA FISCAL PROGRESIVA Y PARTICIPATIVA, CON UNA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MÁS EFICIENTE

En el modelo neoliberal de acumulación exitente en nuestro país, liderado por el gran capital transnacional y las burguesías nacionales aliadas, la recaudación fiscal se fundamenta en los ingresos de la clase trabajadora y los hogares. Es necesario impulsar una reforma fiscal integral. Es un error pretender definir e implimentar una nueva política fiscal a partir de una negociación, esa es una medida de carácter inconstitucional, dado que la Constitución de la República le da al Estado la responsabilidad de definir e implementar la política fiscal, ya sea en la tributación o en el gasto. La mesa de negociación es una política de los sectores reaccionarios que defienden al gran capital, insertos en las Naciones Unidas y sus diferentes organismos internacionales y regionales, así como de los centros de investigación y profesionales que trabajan ideológica y profesionalmente en función del gran capital. Los impuestos no se negocian, los impone el Estado.

Asi, los impuestos directos que gravan renta y propiedad representaron apenas un promedio de 35.5% en los últimos 10 años, mientras los impuestos indirectos, que recaen principalmente sobre el pueblo, representaron en promedio un 64.5% en el mismo periodo, aclarando además que el impuestos sobre la renta que pagan los asalariados tiene casi mayor fuerza que el impuesto que pagan las empresas.

Es necesario rescatar el criterio de justicia tributaria, que hace referencia al principio de equidad horizontal y vertical de la política tributaria. Esto implica que agentes con un mismo nivel de ingresos deben tener obligaciones similares, y agentes con mayores niveles de ingresos deben responder con mayor tributación.

En concreto, en nuestro país los hogares reciben como ingreso cerca del 25% de la producción anual, mientras que las empresas absorben, como excedente bruto de explotación, aproximadamente el 70% del PIB. Atendiendo al principio de equidad vertical, las empresas deberían tener una tributación porcentualmente mayor a los hogares. Pero en nuestro país sucede lo contrario, los hogares aportan 25 centavos por cada dólar recibido de ingresos (25% de los tributos), mientras que las empresas solamente 4 centavos por cada dólar de utilidad.

Además, este esquema de liberalizaciones y desregulaciones de mercados, al buscar reducir las capacidades del Estado, promueve los mecanismos de evasión y elusión fiscal para obtener altas tasas de rentabilidad. Esto, en la medida que son las empresas las que mayor capacidad poseen para hacer uso de estos mecanismos. Los impuestos destinados al consumo, como el IVA o impuestos específicos, son trasladados al consumidor, que no posee capacidad de evadir ese pago. Del mismo modo, la retención de la renta de las personas asalariadas tiene muy poco margen para evadirlo. Sin embargo, existen múltiples mecanismos de ingeniería contable para que las empresas evadan y eludan el pago tributario correspondiente, tanto de los impuestos indirectos retenidos, como de los correspondientes a sus utilidades.

La defraudación al fisco es enorme año tras año, y es que solo para el 2016 dicho monto supera los 2,000 millones de dólares. La evasión fiscal durante los últimos 16 años asciende a US$ 22,341 millones, mientras que la elusión fiscal es de US$ 5,259 millones en el mismo período, los cuales en conjunto suman más de 27,000 millones de dólares.

En diversas ocasiones el Ministro de Hacienda ha declarado que son las grandes empresas las principales evasoras de impuestos y las principales deudoras; según el informe de dicho Ministerio, en abril de este año la deuda al fisco era de US$ 372 millones, de los cuales son los grandes empresarios los mayores deudores, con más de US$ 237 millones.

Uno de los mecanismos que contribuiría a combatir la enorme corrupción fiscal que en la actualidad afecta a nuestro país, es el uso de máquinas fiscalizadoras de factura electrónica, ya que de seguir en el mismo esquema el país seguirá siendo saqueado. Este tipo de máquina permite registrar y controlar la información que se imprime en una factura de acuerdo a lo previsto en las regulaciones sobre el impuesto al valor agregado. Dicha maquina permitirá almacenar en la memoria fiscal los totales de ventas e impuestos diarios, y opcionalmente guarda una copia de cada documento en la memoria de la auditoria, además de llevar control de los inventarios de las empresas. Esto permitiría fortalecer las capacidades fiscalizadoras del Ministerio de Hacienda y reducir drásticamente la evasión fiscal, que en su mayor peso hacen las grandes empresas nacionales y trasnacionales, por ser las grandes retenedoras del IVA.

Este tipo de máquinas fiscales han sido implementadas con éxito en diversos países, en República Dominicana, por ejemplo, en el caso particular de la evasión del Impuesto a las Trasferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), un impuesto que es el equivalente al Impuesto al Valor Agregado de nuestro país, este presenta incrementos significativos, pasando de RD$41,595 millones en 2009 a RD$76,524 en 2014, lo que significa que la recaudación tuvo en crecimiento de 84% en dicho período.

Ahora bien, el reto de justicia tributaria va más allá de los alcances de la elusión y evasión, se trata de un problema estructural de una técnica tributaria funcional a un modelo perverso de acumulación. Si se eliminaran los canales de corrupción fiscal y las empresas tributaran lo legalmente correspondido, los hogares seguirían pagando más impuestos con respecto a sus ingresos. Las empresas pasarían de pagar los 4 centavos por dólar a pagar 17 centavos, todavía inferior a los 25 centavos de los hogares, esto debido a las leyes de elusión, las cuales deben ser algunas eliminadas y otras ajustadas, en el sentido que la elusión permitida por ley tenga como contrapartida, de parte de la empresa, invertir parte de sus utilidades, transferir tecnología al país, formar nuestros recursos humanos, etc.

Por tanto, la estructura legal misma de la política tributaria no cumple criterios de justicia fiscal, de acá se pueden destacar los flujos que el Estado deja de percibir en concepto de gasto tributario, que son esquemas de exenciones o beneficios fiscales para estimular determinados sectores económicos.

Sin embargo, gran parte de los beneficios fiscales han sido absorbidos por sectores que no compensan las supuestas ventajas de la inversión. Las leyes de zonas francas, por ejemplo, han estimulado un sector maquilero textil de muy poco valor agregado, que para ser internacionalmente competitivo se fundamenta en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. También se han beneficiado los centros de atención de llamadas que se desarrollan a partir de bajas condiciones laborales. De modo que es necesario examinar la pertinencia de estos esquemas de beneficios fiscales.

Además, es necesario recuperar el impuesto al patrimonio. Este impuesto fue derogado en el marco de las reformas tributarias impulsadas en la administración Cristiani, este era un impuesto a la riqueza, y se justificó la eliminación para que fuera sustituido por un impuesto predial a favor de los Gobiernos locales; incluso el FMI señala que la aplicación de un impuesto al patrimonio en El Salvador es una medida efectiva para los ajustes fiscales que deberían desarrollarse para mejorar la situación y manejo de la situación fiscal. Por último, hay que eliminar la excepción del IVA a las empresas que tienen venta de bienes y servicios mensuales mayores a los 100,000 dólares, estas deben absorber el IVA por la compra de los bienes y servicios que ellas compran para desarrollar sus actividades productivas, a la par de esto se le debería quitar el IVA a las medicinas y a los allimentos de la canasta alimenticia de la población, la cual deberá establecerse claramente.

Sin duda esta estrategía planteada no agota todas las transformaciones que hay que hacer, pero sí permitiría desmontar las mayores perversidades del modelo neoliberal que montó la burguesía oligárquica a través del partido ARENA y los otros partidos de derecha (PCN y PDC), con el apoyo del FMI, la banca internacional y el Gobierno de los Estados Unidos de América.