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Salvador Arias: Solicito que se recuse al Magistrado Belarmino Jaime de la Comisión de Probidad y se le inicie investigación de posible enriquecimiento ilícito

El Dr. Salvador Arias interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se investigue el posible enriquecimiento ilícito del Magistrado José Belarmino Jaime; asimismo, pidió su recusación de la Comisión de Probidad y de las investigaciones de enriquecimiento ilícito en contra de los expresidentes del partido ARENA y algunos de sus exfuncionarios, por no tener solvencia moral al no haber realizado las investigaciones pertinentes al caso en su periodo de Presidente de la CSJ, y porque la FGR lo está investigando por el posible delito de evasión fiscal.

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CSJ admite denuncia sobre indicios de enriquecimiento ilícito de: Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, así como de algunos de sus exfuncionarios

Durante el gobierno de Alfredo Cristiani hubo 30 indicios de corrupción en el cual se estima un monto de $3,430,495,342; asimismo, hubo 17 casos que no registran cifras pero si hay indicios de corrupción. Durante el gobierno de Calderón Sol se han contabilizado 42 indicios que suman $499,366,209 y 41 sin especificar montos. Por otro lado, en el gobierno de Francisco Flores se presentaron 46 indicios de corrupción por un monto de $8,136,187,878 y 37 casos sin estimar cifras. Mientras que durante la gestión presidencial de Antonio Saca se contabilizan 26 casos por un monto de $490,163,890 y 18 que no tienen la estimación de corrupción. En total, según las publicaciones periodísticas existen 257 indicios de corrupción que se dieron durante los cuatro periodos presidenciales de ARENA.

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La inexistencia constitucional y la hipocresía de la Sala de lo Constitucional

Los actuales Magistrados fueron elegidos en violación a una medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional en el año 2009, la juramentación que ellos hicieron no surte ningún efecto jurídico en El Salvador, por lo que no pueden ni deben representar al Estado, ni se les debe reconocer los derechos y prerrogativas inherentes al cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así y como ellos mismos lo señalan.

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