POLITICA

El terror a la Sala de lo Constitucional y el miedo de las autoridades para enfrentarlos: resultado, los paladines de la inconstitucionalidad

Conforme a la Constitución y leyes de la República de El Salvador, las principales autoridades obligadas a pronunciarse respecto a la denuncia del fraude y la ilegalidad de los actuales Magistrados de la Sala de lo Constitucional, son: la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (SCA); Fiscalía General de la República (FGR); y, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

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Crónica de una ilegalidad: la elección de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional en el 2009

Los actuales Magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, con excepción de su Presidente, están en funciones tras pisotearse la Constitución y leyes de la República, pasaron por alto una medida cautelar judicial y no fueron sometidos a los procedimientos legales de elección.

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La inexistencia constitucional y la hipocresía de la Sala de lo Constitucional

Los actuales Magistrados fueron elegidos en violación a una medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional en el año 2009, la juramentación que ellos hicieron no surte ningún efecto jurídico en El Salvador, por lo que no pueden ni deben representar al Estado, ni se les debe reconocer los derechos y prerrogativas inherentes al cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así y como ellos mismos lo señalan.

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La integración latinoamericana y caribeña: un proceso que es preciso defender

Los antecedentes de la problemática de la integración latinoamericana y caribeña datan de hace más de 520 años. Mediante la dominación colonialista, el aplastamiento socio‑étnico‑cultural, el sometimiento de los aborígenes a formas de trabajo semiesclavo y la importación de esclavos africanos, la región fue incorporada a la naciente formación económico‑social capitalista como apéndice suministrador de riqueza que abonó el proceso de acumulación originaria del capital.Se fijó así su ubicación subordinada y dependiente dentro de la división internacional del trabajo, que muta acorde con las exigencias de cada estadio de desarrollo del capitalismo, pero sin que deje de llevar, junto a Asia y África, la peor parte de los efectos de la Ley del desarrollo económico y político desigual.

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Corrupción en el Sistema de Salud durante gobiernos de ARENA marca la precariedad actual de salud de los salvadoreños

Las deficiencias y precariedad en el actual Sistema de Salud Pública de El Salvador es producto de incontables hechos de corrupción que se dieron en esta área durante los gobiernos neoliberales de ARENA, además de los sismos que destruyeron parte importante de la infraestructura de salud, con el agravante que los financiamientos obtenidos para atender estos años sufrieron hechos profundos de corrupción.

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“Ni perdón, ni olvido”… Se trata de justicia ante un crimen de lesa humanidad

La reciente captura de cuatro militares involucrados en el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, en noviembre de 1989, ha desencadenado una serie de reacciones en desacuerdo por parte de los familiares de los militares, así como de la derecha salvadoreña, quienes nuevamente hacen el llamado al perdón y olvido de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el país en la época del conflicto armado, como es el caso de los Jesuitas. Hay que recordar que recientemente el Expresidente de la República, Alfredo Cristiani también pidió el olvido de toda la corrupción que se ha dado en el marco del modelo neoliberal.

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Más de 37 mil millones de corrupción de los gobiernos de ARENA, ahora Cristiani pide su olvido

La corrupción total (pública y fiscal) del sector privado se estima en US$ 37,103 millones, que el Estado dejó de percibir por los hechos de corrupción ocurridos durante los 20 años de gobierno del partido ARENA, recursos que el mismo pueblo salvadoreño dejó de percibir en concepto de servicios básicos. De ahí la importancia de no dejar impune a los culpables de estos hechos de corrupción, por lo menos haciéndolos público, aunque ya muchos se salvaron por lo que establece la Constitución, de prescripción de estos delitos después de 10 años.

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