CSJ admite denuncia sobre indicios de enriquecimiento ilícito de: Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, así como de algunos de sus exfuncionarios

Durante el gobierno de Alfredo Cristiani hubo 30 indicios de corrupción en el cual se estima un monto de $3,430,495,342; asimismo, hubo 17 casos que no registran cifras pero si hay indicios de corrupción. Durante el gobierno de Calderón Sol se han contabilizado 42 indicios que suman $499,366,209 y 41 sin especificar montos. Por otro lado, en el gobierno de Francisco Flores se presentaron 46 indicios de corrupción por un monto de $8,136,187,878 y 37 casos sin estimar cifras. Mientras que durante la gestión presidencial de Antonio Saca se contabilizan 26 casos por un monto de $490,163,890 y 18 que no tienen la estimación de corrupción. En total, según las publicaciones periodísticas existen 257 indicios de corrupción que se dieron durante los cuatro periodos presidenciales de ARENA.

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La propuesta económica que ARENA y los Organismos Financieros Internacionales quieren imponer al Gobierno, es un callejón hacia el precipicio para el pueblo y el FMLN

Las finanzas públicas están pésimamente manejadas en El Salvador, pareciera que hay una complicidad con el sistema financiero internacional, para que siga acumulando y nuestro pueblo siga pagando esa usura absurda que debemos detener, esto lo afirmamos a partir de lo siguiente: entre el año 2000 y el 2021 habremos pagado un servicio de deuda por $37,152 millones y la deuda de $4,794.4 millones que teníamos en el 2000, para el año 2021, el FMI la proyecta a $24,242 millones. Es decir que la deuda se habrá incrementado 5 veces y habremos pagado 7.7 veces la deuda que teníamos el año 2000.

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El robo de ARENA en los hospitales y a la salud del pueblo asciende a $51 millones

La historia salvadoreña nos muestra que la impunidad ha sido la principal protagonista de los hechos de corrupción y con ello se han perdido millones de dólares que pudieron invertirse en salud, educación o seguridad. Ante estos casos de corrupción, si no se hace nada la lógica continuará a lo largo de los años por lo cual es importante que el Estado tome acción en este y otros casos para que se realice una Auditoría de la Deuda.

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Reforma fiscal y declaración de suspensión del pago de la deuda financiera

Ante la problemática actual del país, es necesaria una política fiscal que incluya los retos de justicia tributaria, donde las mayorías populares no sean las benefactoras fiscales del capital. Este propósito requiere de una reforma fiscal, no solamente tributaria, donde se reconozca la lucha política detrás del manejo de la técnica fiscal y se tome el lado de las demandas históricas de la población.

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El presupuesto recesivo del 2017 garantiza pagar la deuda pero no cumple con la obligación del Estado: proteger los intereses de la población

Tenemos un presupuesto recesivo al igual que la política de gasto, un deterioro de los servicios sociales y, por lo tanto, una política presupuestaria y fiscal que está muy lejos de ser la que el país necesita, y podemos decir que estas no van con la obligación que la Constitución le manda al Estado, proteger los intereses de la población y buscar el desarrollo económico y social del país, donde la persona debe ser la prioridad.

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