La propuesta económica que ARENA y los Organismos Financieros Internacionales quieren imponer al Gobierno, es un callejón hacia el precipicio para el pueblo y el FMLN

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El Gobierno salvadoreño, ante la crisis de insolvencia y liquidez que enfrenta, se ha envuelto en un proceso de negociaciones en las que la premisa de confrontación es la emisión de una nueva emisión de bonos por $1,200 millones. Las actuales negociaciones que se generan por un acuerdo para un Ley de Responsabilidad Fiscal son simplemente otra forma en la que se busca ocultar el verdadero eje del problema fiscal que pasa por un replanteamiento total de la estructura tributaria, lo cual debería estar centrado principalmente en atacar la corrupción fiscal del lado de la evasión y rehacer las leyes de elusión, algunas de las cuales deben hasta ser eliminadas, así como quitarle al sistema tributario  su carácter regresivo comenzando por eliminar el IVA a los alimentos y las medicinas. Estamos hablando de  desarticular el modelo neoliberal, que implica redefinir la política de manejo de la deuda y tocar el tema de la desdolarización del país.

El esquema de negociación que están llevando no tiene ni un 5% de probabilidades de dar salida a la crisis de insolvencia y liquidez al Gobierno y menos llevar a nuestro país por otra ruta económica de crecimiento y desarrollo. El respaldo que tienen las iniciativas que se están discutiendo de parte de los Organismos Financieros Internacionales como el FMI, las embajadas de los países que representan a los principales acreedores de nuestra deuda, resulta del interés para ofrecer programas de rescate o acuerdos financieros que condicionan el desarrollo del país a los intereses del capital trasnacional, a costa de no solo mantener, sino profundizar el sufrimiento de nuestro pueblo.

El panorama económico actual debe ser entendido a partir de líneas más estructurales de la economía salvadoreña. Podemos identificar cuatro tendencias de la economía salvadoreña desde las reformas de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programa de Estabilización Económica (PEE) que dieron el inicio a la construcción del neoliberalismo en el país.

En primer lugar, la apertura del mercado con exportaciones de bajo valor agregado que son competitivas por salarios bajos y exenciones fiscales. En segundo lugar, la completa liberalización de la cuenta de capitales de la balanza de pagos que ha hecho del país un exportador neto de capitales, es decir que los flujos de dólares que salen son mayores a los que entran a El Salvador. En tercer lugar, la terciarización de la economía doméstica, es decir, el empuje de la economía en sectores de servicios en detrimento de la producción agrícola o industrial, combinado con los demás factores esto se vuelve un círculo de bajo crecimiento. En cuarto lugar, la coincidencia de la liberalización comercial, la desregulación financiera, la dolarización y el bajo crecimiento llevan al país irremediablemente a una situación donde la deuda se vuelve el mecanismo de sostén de la economía, a grandes costos para la población y la ruta de una crisis de ruptura social, a partir de una crisis financiera estructural del Estado y de la economía nacional en su conjunto, que no pueden soportar más el seguir siendo exportadoras netas de capitales a favor de los Organismos Financieros Internacionales y el capital de las transnacionales, además de la fuga de capitales de la burguesía oligárquica.

Esto se refleja en la necesidad en la que se ha visto obligado el Gobierno a recurrir al endeudamiento de corto plazo para afrontar los gastos que implica la administración del Estado, mediante la emisión de LETES. El saldo de los LETES ya en junio de 2009 sobrepasaba los $800 millones  y fue necesaria una emisión de EUROBONOS, que son deuda de largo plazo, para pagar el monto de la deuda de corto plazo. Este mecanismo ha seguido funcionando así, de modo que se usa endeudamiento de corto plazo para cubrir problemas de liquidez y luego se pagan emitiendo deuda de largo plazo, siendo estas una de las políticas fiscales más perversas que pueden existir para cualquier economía, financiar el consumo con deuda de largo plazo, con el agravante que para el país esta es cada día más cara, por su niveles de endeudamiento y su clara situación técnica de incapacidad de pago, aunque la sigan cubriendo con acuerdos políticos entre los  partidos y los Organismos Financieros Internacionales.

Para demostrar la inviabilidad de la política económica actual y las negociaciones que se están realizando para enfrentarla utilizaremos las proyecciones del FMI, que hiciera en julio del año 2015. Según este organismo entre el año 2017 y 2021, si continuamos con el mismo esquema de política que es en ese marco que se llevan las negociaciones, el país va a necesitar un financiación total por 13,597 millones de dólares para seguir funcionando en la misma lógica, esto  asumiendo que el Estado tiene ingresos por el lado de los impuestos de $24.111 millones. Según sus proyecciones esto incluye pagar un monto de $5,542 millones por intereses por la deuda y pagar abono al principal de la deuda por $2,546 millones, es decir, un pago por servicio de la deuda por $8,088 millones de dólares. En este mismo período y habiendo pagado más de $8 mil millones de servicio de la deuda, o sea en tan solo 5 años, la deuda a la par se incrementaría de   $17,869 millones a $24,242 millones de dólares.

Lo anterior demuestra de manera muy sintética que el modelo no tiene salida, es más si a esta deuda le sumamos la deuda provisional,  que para entonces será mayor si no se desprivatiza el sistema de pensiones, estaríamos llegando a una deuda de $50,000 o más millones de dólares. Es más, todo lo anterior supone que el sistema financiero con el cual ahora está amarrado el Gobierno, le sigue financiando, eso sí esto será a mayores tasas, ya se ha anunciado que el país pasará a una calificación C, es decir que será considerado como un país que no garantiza pagar la deuda y, por lo tanto, le  prestarán a tasas de interés superiores de las previstas por el FMI en abril del año 2016, esto quiere decir que el costo por servicio de la deuda será mayor e igualmente la deuda, debido a como se demuestra en las mismas proyecciones, que el pago de intereses, como ya se viene haciendo, se paga con financiamiento, es decir que el circulo perverso de pagar deuda con deuda, que implica capitalizar intereses, se profundizará.

Para dimensionar el carácter estructural y la trampa de la deuda, según nuestras investigaciones con los registros de Hacienda, establecíamos en el libro La Trampa de la Deuda, que el Estado pagó un servicio por la deuda, entre el año 2000 y 2012,  de $25,264 millones de dólares, si a eso le sumamos las estimaciones del FMI de pago por servicio de la deuda entre  el año 2013 y 2021 que totalizan 11,888 millones de dólares, significa que entre el año 2000 y el 2021 habremos pagado un servicio de deuda por 37,152 millones de dólares y la deuda de 4,794.4 millones de dólares que teníamos en el año 2000, para el año 2021, el FMI la proyecta a 24,242 millones. Quiere decir que la deuda se habrá incrementado 5 veces y habremos pagado 7.7 veces la deuda que teníamos en el año 2000. No querer entender que la política de endeudamiento del país es absurda y de un alto costo para el pueblo y una trampa sin salida es ser indiferente a los problemas de nuestro país.

Para más detalle sobre el comportamiento de la deuda pueden  ver el cuadro siguiente.

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Esta maniobra a la que se ha visto obligado el Gobierno, de convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo por medio de Eurobonos, que es una política que se inició desde el Gobierno de Calderón Sol, dado que el Gobierno, por las privatizaciones, apertura de la economía y haberle quitado los impuestos a los ricos, comenzó a entrar en la crisis fiscal, que ahora ya no tiene salida con remiendo, si no se hace un cambio de política como lo hemos demostrado; es en la presidencia de Francisco Flores que esta política llegó a dimensiones ya absurdas al hacer la primera emisión de Eurobonos a cambio de LETES por $1,200 millones. Es importante mencionar que  la emisión de Eurobonos del Estado ha sido un negocio para los inversionistas privados que adquieren estas emisiones. Antes del 2009, las emisiones de Eurobonos se realizaban por debajo de su precio nominal para luego sacar margen de ganancia en los mercados secundarios, esto permitió una ganancia corrupta de más de 141.8 millones de dólares. Además, la estructura de funcionamiento de los Eurobonos implica un costo de financiamiento sumamente alto.

El salto en la amortización de 2019 es reflejo del vencimiento de los Eurobonos emitidos en 2009 y la previsión es que será necesaria una nueva emisión de bonos para pagar dicha amortización. Eso se refleja en el desembolso de deuda que el FMI prevé para 2019. Las emisiones de los bonos se han realizado con tasas de cupón fijo entre 5.875% y 8.25% y los plazos varían entre los 10 y 30 años. El vencimiento más cercano de la emisión de bonos es a 2019, por un monto de 800 millones de dólares. La última emisión es del 2014 con una cifra de 800 millones de dólares con vencimiento a 2027. Los términos acordados para una nueva colocación de bonos por 550 millones de dólares se espera que tenga un mayor costo financiero, en tanto la perspectiva de riesgo del país por Moody’s se espera que llegue hasta categoría C a inicios del próximo año. Las colocaciones anteriores han  estado con calificaciones Baa3 y Ba1.

Con la estructura de administración de los Eurobonos, el cupón fijo semestral implica que al vencimiento de los bonos se habrán pagado $9,351.6 millones en intereses, sin que haya ninguna reducción del capital principal, de modo que la deuda de $5,640 millones seguirá intacta. Es decir que se debe pagar más por los intereses devengados que por el principal prestado. Al 15 de noviembre de 2016 se han pagado 3,464.3 millones de dólares en intereses de los bonos vigentes. Está claro que seguir con esta misma lógica de endeudamiento significa una política de endeudamiento totalmente equivocada y absurda para los intereses del país y principalmente para el pueblo salvadoreño que es quien paga los impuestos en este país. Sin duda las finanzas públicas están pésimamente manejadas en El Salvador, pareciera que hay una complicidad con el sistema financiero internacional, para que siga acumulando y nuestro pueblo siga pagando esa usura absurda que debemos detener.

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Lo anterior lo afirmamos a partir del hecho que los impuestos directos que gravan renta y propiedad representaron apenas un promedio de 35.5% en los últimos 10 años. Mientras, los impuestos indirectos, que recaen principalmente sobre el pueblo, representaron en promedio 64.5% en el mismo periodo.

Como resultado de esta estructura tributaria, la tasa de fiscalidad de los trabajadores, que es el porcentaje de ingresos que se aporta al Estado por medio de los impuestos, es superior a la tasa de fiscalidad que paga el capital. En promedio, la alícuota de ingresos del fondo de salarios que se destina al pago de impuestos tributarios en los últimos 10 años ha sido de 25.32%, mientras que los pagados por las empresas ha sido de 3.59% del excedente bruto de explotación.

El cuadro siguiente muestra según datos oficiales del Ministerio de Hacienda que es el trabajo el que mayor aporta a los ingresos tributarios del Estado ya que en promedio en los últimos 6 años han contribuido con el 80% de dichos ingresos lo que se traduce en términos absolutos en más de 2,988 millones de dólares sólo para el año 2014. Mientras que el capital aportó en promedio apenas un 20%. Queda demostrado que dentro del sistema neoliberal que aquellos cuyos ingresos son menores, tienen más tasa impositiva y  los que tienen más ingresos pagan menos.

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La serie muestra que la parte de los ingresos de los hogares destinada al pago de impuestos, directos e indirectos alcanza el 25.1% para 2014 y la parte de excedente bruto de explotación destinado a pago de tributos es apenas el 4.1%. Además, la tendencia permite establecer que no existen cambios estructurales que modifiquen las tasas de fiscalidad, ambas muestran coeficientes de variabilidad similares. Aquí se demuestra cómo la carga tributaria se encuentra sostenida por los ingresos de los hogares, que permite subsidiar las ganancias del capital, particularmente las grandes empresas de los conglomerados nacionales y las empresas transnacionales. Por lo tanto, como hemos venido mencionando el alto costo de servicio de la deuda que ya ha pagado el país lo canceló el pueblo salvadoreño, siendo esto una de las causas de su pobreza en combinación con los salarios de hambre que recibe y la incapacidad financiera del Estado de cubrirle las necesidades básicas sociales, como salud, educación y otros servicios fundamentales como agua y electricidad barata.

Además, este esquema de liberalizaciones y desregulaciones de mercados, al buscar reducir las capacidades del Estado, promueve los mecanismos de evasión y elusión fiscal para obtener altas tasas de rentabilidad. Esto, en la medida que son las empresas las que mayor capacidad poseen para hacer uso de estos mecanismos. Los impuestos destinados al consumo, como el IVA o impuestos específicos son trasladados al consumidor, que no posee capacidad de evadir ese pago. Del mismo modo, la retención de la renta de las personas asalariadas tiene muy poco margen para evadirlo. Sin embargo, existen múltiples mecanismos de ingeniería contable para que las empresas evadan y eludan el pago tributario correspondiente, tanto de los impuestos indirectos retenidos, como de los correspondientes a sus utilidades.

Tal como se observa en el siguiente cuadro, la defraudación al fisco es enorme año tras año, solo para el 2014 dicho monto supera los dos mil millones de dólares. La evasión fiscal durante los últimos 13 años asciende a $22,341 millones de dólares, mientras que la elusión fiscal es de $5,259 millones en el mismo periodo. Los cuales en conjunto suman más de $27 mil millones. Para el período 2016-2019 hemos estimado que la evasión y elusión significarán $10,805 millones más. Lo anterior quiere decir que sólo entre el año 2002 y el 2019 el Estado habrá dejado de recibir 38,405 millones de dólares por elusión y evasión fiscal. Un monto equivalente al 185% de la deuda proyectada por el FMI para el año 2019.

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A pesar que un discurso de disciplina fiscal, bajo la etiqueta de transparencia en la gestión pública parece como un instrumento que favorece al país, es necesario tomar en cuenta que este tipo de mecanismos están siendo utilizados como seguro de rentabilidad para bancos e inversionistas privados que son acreedores de deuda pública. Además, se convierten en una forma de limitar la actuación del Estado como mecanismo de redistribución de la riqueza o de impulsar proyectos que cubren necesidades de los pueblos pero que se contrapongan con los intereses del capital transnacional. Estos esquemas obligan que el impulso del desarrollo del país se vea cooptado por el sector privado a través de Asocios Público-Privados que, además de privatizar de facto servicios u obras públicas, “podría terminar privatizando la política social, trasladando los programas sociales a las empresas privadas bajo la modalidad de programas de Responsabilidad Social Corporativa”[1].

Un programa de sanidad fiscal, en todo caso, para una agenda progresista debería tomar en cuenta que la prioridad no es el pago del servicio de la deuda, sino el beneficio de la clase trabajadora, en particular la más vulnerada en sus derechos. De este modo, una responsabilidad fiscal en función de las mayorías populares debe atacar de lleno la evasión y elusión, fortaleciendo la DGII del Ministerio de Hacienda y revisando la legislación para cerrar las brechas que permiten estos mecanismos. Además, es necesario examinar la pertinencia de los esquemas de beneficios fiscales y construir una estructura tributaria progresiva donde la clase trabajadora no subsidie al gran capital.

En tanto que El Estado salvadoreño ha usado el endeudamiento público a lo largo de los años para financiar y mantener las reformas neoliberales de privatización, liberalización y apertura de la economía y para sostener la dolarización a partir del año 2001, es pertinente iniciar un proceso de renegociación de la deuda. Solicitar moratoria con los acreedores de deuda multilateral que asciende a 3,535.8 millones de dólares y condonación con deuda bilateral que representa $414.1 millones.

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Además, reconocer el sinsentido financiero y social de pagar $9 mil millones de intereses por una deuda nominal de $5 mil millones en los Eurobonos. De modo que se vuelve necesario crear modalidades financieras que permitan romper con las estructuras especulativas de los mercados financieros y permita disminuir los pagos a realizar.

En el contrato de emisión de bonos se establece que el Estado salvadoreño debe hacerle frente a las obligaciones financieras adquiridas con la emisión y en caso de no poder pagar los cupones o los principales al vencimiento, el FMI funcionará como garante de la obligación. Así, el FMI establecería las condiciones para un préstamo al Estado salvadoreño para que los flujos de efectivo sirvan para pagar los valores en el mercado bursátil.

Un acuerdo de esta naturaleza ya hemos observado la forma en la que opera. En 2009, el FMI acuerda con el gobierno salvadoreño unos fondos Stand-by como medida precautoria a la falta de liquidez del sector público. Para tener posibilidad de contar con dichos fondos, el Gobierno se vio obligado por las autoridades del FMI a un programa de recortes en su política social, principalmente en las estructuras de subsidios y una meta de déficit fiscal inferior al 3% del PIB.

En un contexto que las expectativas de la tasa de interés de referencia estadounidense están al alza una salida de este tipo implicaría, además de las condicionalidades propias del FMI, un préstamo con tasas de interés altas, esto es, un mayor pago por el servicio de la deuda a futuro. Estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso Estadounidense dan cuenta de una tasa de 3 meses al 4% y para 10 años a 5.9%. Con una prima de riesgo de El Salvador con respecto a Estados Unidos de 452 puntos básicos, el costo financiero de un préstamo del FMI, bajo tasas de mercado, podría oscilar entre 8.52% y 10.52%.

Sin embargo, si se plantea una alternativa de recompra de bonos, el contexto de aumento de tasas de interés puede impulsar una baja del precio de los bonos. En el gráfico se muestra el precio promedio ponderado de las emisiones de eurobonos de El Salvador (exceptuando la última emisión) y la relación con la tasa de referencia LIBOR USD a 6 meses. La relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa es explicada en tanto al incrementar las tasas de interés estadounidenses los capitales verán más atractivo invertir en esos mercados y la demanda de bonos tendería a disminuir. Con las estimaciones de los movimientos de las tasas de interés se podría esperar que el precio de los eurobonos alcance un rango entre el 85.92% y 74.49%, lo que significa una recompra de los bonos por un  rango de monto entre $4,158.26 millones y $3,605.48 millones una deuda nominal de $4,839.96 millones (sin tomar en cuenta la última emisión de 800 millones).

En síntesis, a parte del problema de la apertura de la economía, los TLCs y la dolarización, que son factores importantes en el comportamiento de la deuda, así como de la privatización de los Fondos de Pensiones, del análisis anterior queda claro: PRIMERO,  que seguir con esta misma lógica de endeudamiento significa una política de endeudamiento totalmente equivocada y absurda para los intereses del país y principalmente para el pueblo salvadoreño que es quien paga los impuestos. Sin duda las finanzas públicas están pesimamente manejadas en El Salvador, pareciera que hay una complicidad con el sistema financiero internacional, para que siga acumulando y nuestro pueblo siga pagando esa usura absurda que debemos detener, esto lo afirmamos a partir de lo siguiente: entre el año 2000 y el  2021 habremos pagado un servicio de deuda por 37,152 millones de dólares y la deuda de 4,794.4 millones de dólares que teníamos en el 2000, para el año 2021, el FMI la proyecta a $24,242 millones. Es decir que la deuda se habrá incrementado 5 veces y habremos pagado 7.7 veces la deuda que teníamos el año 2000No querer entender que la política de endeudamiento del país es absurda y de un alto costo para el pueblo y una trampa sin salida es ser indiferente a los problemas de El Salvador.

SEGUNDO, que la evasión fiscal durante los últimos 13 años asciende a $22,341 millones, mientras que la elusión fiscal es de $5,259 millones en el mismo periodo. Los cuales en conjunto suman más de $27 mil millones. Si a esto le agregamos que para el período 2016-2019 hemos estimado que la evasión y elusión significarán $10,805 millones más. Lo anterior permite concluir  que sólo entre el año 2002 y el 2019 el Estado habrá dejado de recibir $38,405 millones de dólares por elusión y evasión fiscal. Un monto equivalente al 185% de la deuda proyectada por el FMI para el año 2019.

TERCERO, si sumamos el servicio de la deuda de $37,152 millones entre el periodo 2000- 2021 y la evasión y elusión fiscal de $38,405 millones entre el año 2002 y 2021, tenemos que el Estado ha perdido $75,557 millones de dólares en los últimos 21 años, producto del neoliberalismo y la corrupción de ARENA. Esto nos permite reconfirmar que las negociaciones que están proponiendo ARENA y el Sistema Financiero Internacional, así como los Embajadores de EE.UU. y Europa, son un callejón que nos lleva a un  precipicio.

CUARTO, en el próximo artículo propondremos un esquema de política alternativa, que ponga en el centro los intereses del pueblo, las empresas nacionales que no forman parte de la burguesía oligárquica, el Estado y la economía del país.

[1] Martínez, J. (2016). Responsabilidad Fiscal y neoliberalismo 2.0. Diario Digital Contrapunto. Disponible en línea en: http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/responsabilidad-fiscal-y-neoliberalismo-20/176