La mafia financiera internacional: FMI- Moody’s, Fitch y la banca multilateral contra el pueblo salvadoreño y su revolución

Moodys

Hace unas semanas se conoció que la calificadora de riesgos Moody’s rebajó la posición de El Salvador como emisor de deuda, desde Ba3 a B1 y colocó las calificaciones en revisión para una baja adicional. Esta calificación de riesgo es una opinión emitida por la calificadora, en este caso Moody’s, sobre la capacidad del emisor de pagarles a los inversionistas. La calificación anterior de Ba3 implica que Moody’s denomina las emisiones de deuda del país con grado especulativo y “calidad de crédito cuestionable”. La nueva calificación de B1 señalaría que las emisiones del país son “de alto riesgo crediticio y calidad de crédito en general, pobre”.  Esto implica un encarecimiento del financiamiento.

Estas afirmaciones que se generan a partir de las calificaciones de Moody’s parecen pintar un panorama financiero sin salida. Sin embargo, es necesario recordar que para la crisis financiera provocada por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2007, los instrumentos de deuda que ocasionaron el estallido de la crisis estaban calificados con el mejor grado de inversión por estas mismas agencias calificadoras y fueron llevadas a juicios. En Europa, las rebajas de calificación sin sustento le han valido acusaciones de la Unión Europea de especular con los mercados y de atacar la economía europea.

Sin embargo, el anuncio de Moody’s se realiza unas semanas después de ser presentado el informe del artículo IV del FMI, donde se analiza desde la perspectiva del FMI la situación del país y se recomiendan medidas contractivas de disminución del gasto y estancamiento de salarios.

Este panorama debe ser entendido a partir de tendencias más estructurales de la economía salvadoreña. Podemos identificar cuatro tendencias de la economía salvadoreña desde las reformas de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programa de Estabilización Económica (PEE) que dieron el inicio a la construcción del neoliberalismo en el país.

En primer lugar, la apertura del mercado con exportaciones de bajo valor agregado que son competitivas por salarios bajos y exenciones fiscales. En segundo lugar, la completa liberalización de la cuenta de capitales de la balanza de pagos que ha hecho del país un exportador neto de capitales, es decir que los flujos de dólares que salen del país son mayores a los que entran. En tercer lugar, la tercerización de la economía doméstica, es decir, el empuje de la economía en sectores de servicios en detrimento de la producción agrícola, industrial o la construcción, combinado con los demás factores esto se vuelve un círculo de bajo crecimiento. En cuarto lugar, la coincidencia de la liberalización comercial, la desregulación financiera y el bajo crecimiento llevan al país irremediablemente a una situación donde la deuda se vuelve el mecanismo de sostén de la economía.

Este horizonte de deuda tampoco es exclusivo de El Salvador, el capitalismo global está en crisis a partir de la década de 1970 y desde entonces el mecanismo para disimularla ha sido la deuda. No obstante, este mecanismo tiene sus límites y se expresan en las crisis financieras cada vez más frecuentes y severas como la de Estados Unidos en 2007, que fue resuelta pasando la burbuja hacia la deuda de los Estados, y está llevando a problemas como en Grecia, Chipre, Irlanda, España e incluso Estados Unidos.

Es necesario entonces analizar los argumentos de Moody’s, que coinciden con el diagnóstico del FMI sobre las finanzas del país. Afirma que el ratio de deuda se ha incrementado desde 2009, presionado por unos déficits fiscales del 3.6%. El gráfico siguiente muestra que esa aseveración debe estar matizada  en tanto el incremento del déficit es resultado de mantener un esquema previsional insostenible social y financieramente.

1 Resultados fiscales

Los datos del gráfico muestran que la diferencia entre gastos e ingresos del Sector Público No Financiero ha disminuido desde los 910.2 millones de dólares en 2009 a 418.6 millones en 2015, una reducción del 54%. Esto significa que el déficit del Sistema Público No Financiero ha llegado hasta el 1.6% del PIB en 2015. El aumento del déficit en 2015 hasta los 900 millones de dólares, que implica el 3.9% del PIB es resultado de la forma en que constituyó el esquema privatizado de pensiones, en tanto el sistema previsional es solamente sostenible con esas inyecciones del Estado.

“La privatización de las pensiones que se realizó en 1997 con la aparición de las AFP, no resolvió el tema previsional; lejos de ello, lo condujo a un diferimiento de la crisis, trasladando hacia adelante en el tiempo el estallido de la crisis fiscal. Desde muy temprano la privatización mostró su inviabilidad, se le ha realizado una serie de modificaciones, al menos cuatro, cuya finalidad fue prolongar la agonía y nunca fueron realizadas con el propósito de corregir sus deficiencias de origen” (UCA, 2016)[1].

Moody’s también afirma que como resultado del endeudamiento, las finanzas del gobierno son más débiles que las de otros países de la categoría Ba, con un peso de la deuda sobre el PIB 15% mayor que la media de la categoría. Esto también tiene a su base el aumento de la deuda a partir del sistema previsional, como se observa en el gráfico a continuación. La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha pasado de 9,332.52 millones de dólares en 2009 a 12,233.7 millones en 2015, un aumento del 31%, pero que le permite estabilizarse alrededor del 46% del PIB. Sin embargo, la deuda del Sistema Público Financiero, donde están incluidas las pensiones, ha incrementado un 61%, pasando de 1,634.1 millones de dólares en 2009 a 4,196.4 millones de dólares en 2015, que implica un aumento del peso de esta deuda de 7.9% del PIB a 16.2%. De este modo, el peso total de la deuda pública en el PIB alcanzó el 64.2% en 2015. Según Moody’s, la diferencia del 15% del peso de la deuda, que coincide con el 16.2% por las pensiones, hace que el costo del financiamiento sea 4 puntos porcentuales mayor que la media de los países Ba, el país paga en promedio 12.7%, mientras que el resto de esa categoría un 8.7%.

2 Deuda pública como porcentaje

De este modo, un creciente déficit y correspondiente endeudamiento agudizado por un esquema de pensiones privatizado, que ha retribuido a propietarios de las AFP más del 100% de su inversión, ha generado presiones para encontrar nuevas fuentes de financiamiento. El bloqueo de los grupos hegemónicos tradicionales del país no ha permitido crear una estrategia frontal para atacar el problema de las finanzas públicas y, por el contrario, la dinámica de la deuda se ha incrementado como mecanismo para sostener los problemas financieros.

El gobierno se ha visto obligado a recurrir al endeudamiento de corto plazo para afrontar los gastos que implica la administración del Estado, mediante la emisión de LETES. El saldo de los LETES ya en junio de 2009 sobrepasaba los 800 millones de dólares y fue necesaria una emisión de EUROBONOS, que son deuda de largo plazo, para pagar el monto de la deuda de corto plazo. Este mecanismo ha seguido funcionando así, de manera que se usa endeudamiento de corto plazo para cubrir problemas de liquidez y luego se pagan emitiendo deuda de largo plazo.

Como se muestra en el gráfico siguiente, se utiliza la emisión de LETES hasta alcanzar el umbral de los 800 millones y la colocación de Eurobonos (EUROSV) permiten que el saldo de la deuda de corto plazo se estabilice. Se puede observar que la velocidad con la que se alcanza este umbral es cada vez mayor, desde la emisión en 2009 utilizada para estabilizar la deuda de corto plazo heredada, pasan tres años antes de ser necesaria una nueva emisión en 2012, y para una tercera emisión bastan menos de dos años, en septiembre de 2014. El año 2016 inicia con un saldo de LETES superior a los 800 millones de dólares y la constante búsqueda para la aprobación de la emisión de los 900 millones de dólares que la Corte Suprema de Justicia  declaró inconstitucional, es necesaria para estabilizar el saldo de la deuda de corto plazo.

3 saldo de emisión de Letes

Esta maniobra a la que se ha visto obligado el gobierno, de convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo por medio de eurobonos, ha sido la única forma que los bloques de poder tradicional del país le habían permitido utilizar para afrontar problemas de liquidez. Precisamente, porque la emisión de eurobonos del Estado ha sido un negocio para los inversionistas privados que adquieren estas emisiones. Antes del 2009, las emisiones de Eurobonos se realizaban por debajo de su precio nominal para luego sacar margen de ganancia en los mercados secundarios, esto permitió una ganancia corrupta de más de 141.8 millones de dólares. Además, la estructura de funcionamiento de los eurobonos implica un costo de financiamiento sumamente alto, como lo muestra el cuadro siguiente.

4 Costo fiscal eurobonos

El saldo actual de los eurobonos es de 5,639.96 millones de dólares. Cada año se debe pagar a los tenedores de los bonos 408.42 millones de dólares, que es solamente pago de intereses, dicho desembolso se debe hacer hasta el vencimiento de los eurobonos, sin que disminuya el monto principal. Al finalizar el plazo de los eurobonos se habrán pagado 9,351.65 millones de dólares de intereses y habrá que cancelar la deuda nominal que no ha disminuido. Actualmente ya se han pagado 3,020.5 millones de dólares por una deuda de 5 mil millones.

Mediáticamente se hace referencia que esta situación de la deuda se debe a un incremento desproporcionado del gasto público, particularmente del gasto corriente y el peso de los programas sociales. Sin embargo, si se analiza el gasto público se puede observar que el peso del gasto corriente de consumo se mantiene estable alrededor del 12% del PIB y las transferencias corrientes (donde se contabilizan los subsidios) en el 3%. Incluso, al analizar la inversión bruta realizada por el sector público apenas alcanza el 3.1% en 2012, su punto más alto y es necesario incrementar esos niveles de inversión para estimular la economía. Lo que no dice Moody’s es que este problema es resultado de todo el esquema neoliberal que al privatizar las empresas del Estado y quitarle los impuestos al patrimonio y la definición de leyes de elusión, así como la permisividad de la evasión fiscal, llegó desde el año 2001 en adelante a una aceleración de esta política fiscal equivocada de financiar gasto corriente con deuda de largo plazo. Analizado así el problema está claro que la soluciones son de carácter estructural que exigen salirse del modelo neoliberal y no deben verse como un problema coyuntural del actual gobierno.

5 proporción del gasto sobre el pib

Es así, que ante este panorama, se puede identificar que en la determinación política de la agenda de las finanzas públicas están permeando intereses específicos que buscan volcar la discusión en temas periféricos que no permiten señalar con claridad quiénes son los beneficiarios de esta estructura fiscal. La presión por un acuerdo fiscal, bajo términos cercanos a los señalados en el informe del FMI, no solo sería incapaz de modificar los desbalances señalados, al contrario, llevarían al país a una crisis aún más profunda.

Entre las recomendaciones del FMI está subir el IVA al 15%, focalizar más los subsidios del gas y la energía, aumentar el impuesto sobre la renta a personas naturales con mayores ingresos, retomar el impuesto predial, reducir la contratación pública, eliminar el impuesto a las telecomunicaciones. Además, sostienen que el problema del sistema previsional debe  ser afrontado con reformas paramétricas, como subir la edad de jubilación y las tasas de cotización, es decir que sin enfrentar el problema de fondo del esquema privatizado de pensiones. Otra de las sugerencias que hace el FMI es que no se realicen incrementos al salario mínimo, “hasta que el país tenga  datos certeros de una mejora sustancial en la productividad”. Esta propuesta que es una receta fuera de la realidad de los orígenes de los problemas económicos del país, que además es una receta que se repite de país en país y donde se implementa  ha ocasionado recesión económica y un gran castigo social a los pueblos, demuestra de nuevo la irresponsabilidad del FMI y la mafiosa complicidad de las calificadoras de riesgo como Moody’s  que sólo buscan defender los intereses del gran capital.

Una estrategia capaz de enfrentar esta situación debe tomar en cuenta parámetros de eficiencia asimismo de justicia tributaria y social. Mantener el actual sistema privatizado de pensiones es financieramente insostenible para las finanzas públicas y la evidencia demuestra que tampoco presenta una solución real para las futuras jubilaciones, ADESES ha presentado una propuesta de desprivatización de los Fondos de Pensiones y ha demostrado su viabilidad financiera y cómo este es el único camino para resolver el problema fiscal producto del esquema de pensiones actual, y el comienzo para resolver el problema de pensiones de los trabajadores. El modelo actual de pensiones es una copia del sistema chileno. El domingo pasado miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Chile para exigir el fin del sistema privado de pensiones. El sistema chileno se instauró en 1981, bajo la dictadura de Pinochet, con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ahora, cuando los que comenzaron a cotizar en las AFP se están jubilando, el 90.7% de los jubilados chilenos reciben pensiones inferiores a los 233 dólares, casi la mitad del sueldo mínimo de ese país. Es decir que los sistemas privados de pensiones con cuentas individuales son incapaces de generar el beneficio social que prometen y, como se ha analizado, generan fuertes desbalances en las finanzas públicas. El beneficio que generan es a sus inversionistas que perciben tasas de rentabilidad de casi el 100% en el país.

Además, el esquema liberalizado y desregularizado promovido en el país, al buscar reducir las capacidades del Estado, promueve los mecanismos de evasión y elusión fiscal para obtener altas tasas de rentabilidad. Esto, en la medida que son  las empresas las que mayor capacidad poseen para hacer uso de estos mecanismos. Los impuestos destinados al consumo, como el IVA o impuestos específicos son trasladados al consumidor, que no posee capacidad de evadir ese pago. Del mismo modo, la retención de la renta de las personas asalariadas tiene poco margen para evadirlo. Sin embargo, existen múltiples mecanismos de ingeniería contable para que las empresas evadan y eludan el pago tributario correspondiente, tanto de los impuestos indirectos retenidos, como de los correspondientes a sus utilidades. Esta vía le cuesta al Estado cerca de 2.5 mil millones de dólares al año.

Es necesario rescatar también el criterio de justicia tributaria, que hace referencia al principio de equidad horizontal y vertical de la política tributaria. Esto implica que agentes con un mismo nivel de ingresos deben tener obligaciones similares y agentes con mayores niveles de ingresos deben responder con mayor tributación. El reto de justicia tributaria va más allá de los alcances de la elusión y evasión. Se trata de un problema estructural de una técnica tributaria funcional a un modelo perverso de acumulación. Si se eliminaran los canales de corrupción fiscal y las empresas tributaran lo legalmente correspondido, los hogares seguirían pagando más impuestos con respecto a sus ingresos. Las empresas pasarían de pagar 4 centavos por dólar, a pagar 17 centavos, todavía inferior a  los 25 centavos de los hogares. De ahí que resulta necesario ampliar el abanico de una técnica tributaria más progresiva.

Ante la problemática actual del país, es necesaria una política fiscal que incluya los retos de justicia tributaria, donde las mayorías populares no sean las benefactoras fiscales del capital. Este propósito requiere de una reforma fiscal, no solamente tributaria, donde se reconozca la lucha política detrás del manejo de la técnica fiscal y se tome el lado de las demandas históricas de la población. Igual el país requiere afrontar la realidad y aceptar que se encuentra en una incapacidad de pago de la deuda, ante esto debería hacer una declaración política de incapacidad de pago y renegociar totalmente la deuda, buscando capitales frescos fuera del marco institucional del FMI y la banca multilateral; igualmente debe abrirse el proceso de desdolarización de la economía, dado que esta es una de las razones básicas de la trampa de la deuda en que se encuentra el país, acompañada del tema fiscal mencionado, las pensiones y los juegos perversos de las calificadoras de riesgo para encarecer el endeudamiento del país.

Para concluir, es claro que el país no saldrá de la crisis financiera y la exposición que esta le lleva ante el FMI y sus cómplices para inducirnos a implementar el paquete del FMI y entrar a una recesión económica que vendrá acompañada de una crisis social de sufrimiento del pueblo con mayores impuestos, más desempleo (que genera pobreza), menos subidos de gas y electricidad, lo cual sin duda traerá aparejada una fuerte descalificación del Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, el debilitamiento político del FMLN y el proceso histórico de la revolución del pueblo salvadoreño; y en contraposición un espacio para que la derecha perversa de ARENA y sus propietarios, la burguesía oligárquica salgan vociferando de manera hipócrita a favor del pueblo, y así lograr su objetivo de recuperar el control total del Estado, para retomar sus mecanismos de corrupción y acumulación de riqueza con todas las libertades que gozaron los veinte años de los gobiernos de ARENA.

[1] Departamento de Economía UCA (2016). Análisis socioeconómico de El Salvador. Segundo Semestre de 2015. UCA, Antiguo Cuscatlán.