La corrupción neoliberal 1990-2014 le cuesta al pueblo salvadoreño $49,245 millones

Carlos Perla

Con traje y corbata, el ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, firmó la semana pasada el documento que le valida su libertad condicional. Así visten todos los corruptos relacionados con el partido ARENA y la burguesía oligárquica de nuestro país.

Tras once años de prisión por haber defraudado las arcas estatales, Perla recobra la libertad, llevándose la inmensa mayoría del dinero robado y sin haber cumplido en su totalidad la pena de 15 años que se le impuso en 2007 por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas que se dieron durante su gestión en ANDA,  en el gobierno de Francisco Flores, en el cual se estima una corrupción total de $15,651 millones, según el Manual de la Corrupción de ARENA 1989-2013.

En mayo de 2003, sale a luz uno de los casos de corrupción más emblemáticos del gobierno de Flores, se descubrió que Perla, Mario Orellana y otros directivos de ANDA y 17 de sus familiares estaban involucrados en un desfalco de $100 millones por manipulación en licitaciones y administración fraudulenta. No obstante, al ex funcionario sólo se le condenó por construir con fondos estatales una lujosa casa en el volcán, además por favorecer a la empresa SETERS con contratos de licitaciones a cambio de recibir sobornos que le dejaron ingresos de 8.7 millones de dólares, según la investigación fiscal.

Perla fue prófugo de la justicia y en 2004 fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en París, Francia. En 2006 fue extraditado y en pleno proceso penal en su contra, acusó a Norman Quijano, ex alcalde de San Salvador, y al entonces presidente, Flores, de haber sido beneficiados con la ola de corrupción que protagonizó en la autónoma.

En el caso de Norman se le señaló usar fondos del pueblo salvadoreño para la construcción de un pozo en una propiedad de su ex esposa, sin embargo, no hubo juicio contra Norman. En cuanto a Flores está siendo procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, y desaparecimiento de un millonario donativo del gobierno de Taiwán que estaba destinado a las víctimas de los terremotos que devastaron a El Salvador en 2001.

Resulta indignante para el pueblo salvadoreño que las leyes en nuestro país sean tan débiles, y permitan que los que han afectado grandemente los intereses de la población no se les castigue con todo el peso de la ley.

La resolución de dejar en libertad a Perla, así como la absolución de los involucrados en el Caso CEL-Enel es también un anuncio de lo que podría pasar con el caso del ex presidente Francisco Flores ya que se están preparando las condiciones para que este fraude de más de 10 millones de dólares también quede impune.

Al brindar libertad condicional a Perla se crea un precedente para los que están acostumbrados a usar traje y corbata, de robar, pagar una pena a medias y luego salir a gastar felizmente lo que se robó; no obstante, este caso no aplica para los que roban una gallina, vaca o un celular.

Cabe señalar que, según el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI),  El Salvador obtuvo 39 puntos en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (nada corrupto) y se ubica ahora en la posición 80 de 175 países medidos. Es un país reprobado por la corrupción de los que han gobernado.

Con todo el robo que el Estado ha sufrido a lo largo de los gobiernos neoliberales se ha privado a población de educación, infraestructura, salud, empleo… Y se ha condenado a  los salvadoreños a vivir con problemas sociales que podrían evitarse si no hubiera pobreza, hambre y exclusión.

¿Permitirá el pueblo salvadoreño que estos hechos continúen impunes? El llamado es para todos para no dejar que el país siga siendo exprimido de sus pocos recursos y a estar pendientes de la fiscalización de la gestión pública, ahora resulta más fácil porque al menos ya se cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Lo anterior no es suficiente, ahora es necesario que el pueblo deje su indiferencia ante esta problemática, se modifiquen las leyes y los procesos judiciales que siguen permitiendo la corrupción y que el Gobierno monte una Comisión Nacional para perseguir, sistematizar y promover la denuncia y aplicación de la Ley a todos los hechos de corrupción que se han dado  dentro del Estado y  la Empresa Privada, desde la llegada de Alfredo Cristiani ex presidente del país por parte del partido ARENA.  Según nuestro análisis, la corrupción privada fiscal entre los años 1990 y el 2014 suma $36,730 millones de dólares y los hechos de corrupción gubernamental de ARENA denunciados en los medios de comunicación en el período 1990-2009 totaliza $12,515 millones. Así la corrupción hasta ahora investigada entre el año 1990 y el 2014 totaliza $49,245 millones. Sin duda ya hubiéramos desarrollado la agricultura, el sector energético y el país en general y, por lo tanto, no tendríamos al 80% de la población  en situación de pobreza.