¿Hasta cuándo el Estado entenderá el Gasto Público en Educación Superior como una importante inversión que apuntale un mejor futuro?

Tecnologia y educación

¿Saben nuestros gobernantes que la Educación Superior constituye uno de los más fundamentales instrumentos de desarrollo de un país?  ¿Que el gasto público en Educación Superior es una importante inversión que apuntala un mejor  futuro?, al parecer no lo saben. Eso lo refleja la poca orientación de recursos a  políticas, programas, proyectos e interés en general hacia ésta.

A nivel global se reconoce la importancia de la Educación Superior en el desarrollo de una nación. Se dice que las personas con mejor educación son más competentes de llevar acciones que les permitan vivir la vida que valoran y desean vivir. En general, la educación puede ayudar a las personas a enfrentar de mejor forma una crisis financiera o desastre natural, cuando éstos le arrebatan sus medios de subsistencia, tienen más resiliencia.

Las Instituciones de Educación Superior  (IES) se constituyen en la pieza clave dentro de la actual Sociedad del Conocimiento, en la cual la buena educación potencia competir con éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno. Asimismo, las IES son llamadas a impulsar y concretar la generación, transferencia, difusión y aplicación del  conocimiento, así como de la innovación y el espíritu empresarial y con ello, el dinamismo de la economía nacional.  Para que lo anterior sea una realidad la academia debe  formar recursos humanos de alto nivel y calidad, investigadores, intelectuales y líderes empresariales que se encuadren en principios y valores encaminados a desarrollar una sociedad más justa.

La Educación Superior está íntimamente vinculada y afectada por aspectos cualitativos y cuantitativos del Sub Sistema Educativo que le precede y “alimenta”, entiéndase la Educación Parvularia, Primaria, Secundaria  y Media. Exploremos algunas características de éstas. La Educación en El Salvador se constituye en un derecho básico constitucional y por lo mismo el Estado es el encargado de satisfacer la demanda educativa de sus ciudadanos. Esto ha motivado que los gobiernos de turno hayan desarrollado algunos esfuerzos, muchos de ellos más mediáticos que efectivos, a través de la creación y puesta en marcha (dentro de lo que el presupuesto asignado en ese contexto lo permitió) de algunos planes (Agenda de los Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio, Plan Nacional 2021, Vamos a la Escuela), la mayoría de los cuales han quedado en deuda con sus intenciones expuestas, en parte por la ausencia de un presupuesto en la cuantía suficiente para respaldar las iniciativas contenidas en ellos y por otro lado, por la carencia de competencias institucionales administrativas y liderazgos que permitan minimizar o eliminar obstáculos para la concreción de objetivos importantes destacados en los mismos.

El Salvador en general invierte un 3.4% de su gasto público total en educación (expresado como porcentaje del PIB). En Centroamérica sólo está por encima de Guatemala. Costa Rica invierte casi el doble, el 6.3% de su PIB; incluso Nicaragua nos supera con una inversión del 4.7%. Como país invertimos por debajo del promedio de los países del grupo denominado como de “Desarrollo Humano Medio” que invierten en educación el 3.7% del PIB y muy lejos del promedio de lo que el grupo de “Desarrollo Humano muy Alto” invierten, que es el 5.3%.  Incluso es alarmante identificar que estamos por debajo de la inversión promedio que hacen los denominados países de “Desarrollo Humano bajo” que es también del 3.7% de su PIB. Esto ha conllevado a que en las últimas tres décadas, el país carezca de verdaderas políticas estructurales y esfuerzos para formar ciudadanos con las competencias necesarias para promover un efectivo desarrollo de país. Algunos expertos han señalado la amplia brecha que existe entre las aspiraciones de país, el presupuesto de que se dispone y el que se debería de disponer para lograrlas, señalando que éste debería ser por lo menos el correspondiente al 7% del PIB.

La inadecuada gestión de la educación en nuestro país, aunado a las obvias insuficiencias presupuestarias han llevado a El Salvador  a resultados que no hacen más que evidenciar la necesidad de un “golpe de timón” enérgico y decidido sobre este tan cardinal ámbito. En nuestro país, solo el 39.8% de la población mayor de 25 años tiene algún tipo de educación secundaria, y no obstante que como país estamos por encima de Guatemala y Honduras (22.6% y 27% respectivamente), estamos por debajo del promedio del grupo de países con “Desarrollo Humano Medio” en el que este porcentaje de población es del 47.5%. Consecuentemente estamos muy alejados de las estadísticas de los países con “Desarrollo Humano Muy Alto” que ostentan un 86.9% de población mayor de 25 años con algún tipo de educación secundaria.

El panorama educativo de la nación ha tenido algunos altibajos en los años recientes, por un lado la tasa neta de cobertura de educación básica ha decrecido levemente, siendo del 92.4% en el 2009 y de 90.1% en el 2013[1]. Asimismo la cobertura en las etapas educativas tempranas, a nivel de primaria pasó del 93.9% en el 2009 al 88.2% en el 2013[2]. Es evidente que las causales de esto son multidimensionales, dentro de ellas la inestabilidad social provocada por el incremento de la violencia social,  la necesidad de ejercer algún trabajo de parte de los potenciales estudiantes (mayormente agrícola), abandono del país, percepción de ambientes educativos inadecuados, entre otros.   Esto indica con claridad que uno de los desafíos que deben solventarse es la provisión de mejores condiciones para que los niños con situaciones difíciles y desventajosas puedan perseverar en la escuela. Esto requiere de enfoques que no solo se dirección en a aspectos meramente educativos, sino de apoyo financiero-social a las familias de éstos, sino también de programas compensatorios específicos para aquellas escuelas que atienden a núcleos poblacionales con francas desventajas.

Por otro lado, cabe destacar que la tasa neta de cobertura de educación media[3] ha crecido en el último quinquenio, pasando del 32.5% en el 2009 al 37.6% en el 2013. Esta no obstante, sigue siendo muy baja dado que solamente la tercera parte de jóvenes en nuestro país en edad para cursar bachillerato lo estudian en la realidad. El sistema educativo del país reporta en los últimos 5 años un crecimiento del número de bachilleres graduados pasando de 55,000 a más de 80,000 en el último año contabilizado. De éstos un total de entre el 40% y el 55% han sido absorbidos por Instituciones de Educación Superior nacionales en los últimos años. Del total de incorporados a la Educación Superior un poco más del 85% son recibidos por las universidades, casi el 10% es asimilado por Institutos Especializados y el resto, casi el 5% lo acogen los Institutos Tecnológicos[4]. En general puede afirmarse que en la última década sólo dos de cada cinco graduados de bachillerato tuvieron acceso a estudios universitarios o técnicos superiores. Por otra parte, en el país, la tasa media de escolaridad es de 6.5 años. Esto prácticamente le dice a la potencial inversión extranjera que en promedio los salvadoreños tenemos un sexto grado. Estamos lejos de países referentes a nivel latinoamericano[5] como Cuba y Chile con 10.2 y 9.8 años respectivamente.

El Sistema Educativo a nivel Básico y Medio requiere ser fuertemente potenciado. Esto proveería de mejores insumos a las Instituciones de Educación Superior, las cuales demandan un mejor insumo estudiantil. Uno con  muchas más virtudes y cualificaciones. Es evidente que los actuales programas en educación básica carecen de fortalezas que propicien la adecuada formación en ciencias, matemáticas, inglés y que promuevan el desarrollo de la innovación en los niños y jóvenes.  Esto tiene a su raíz múltiples causales, dentro de esto se destaca la ausencia de una óptima formación en los cuadros docentes, la carencia de laboratorios y estrategias educativas idóneas, el elevado caso de escuelas con carencias del número de profesores requerido para una mejor atención, la falta de material didáctico, entre otras. Todas obviamente conectadas a un presupuesto insuficiente, pero también a un aparato educativo poco transparente, muy poco dinámico y de visión cortoplacista.

Nuestro país ha atravesado por distintos estadios en el tema de la oferta de Educación Superior, algunos, en las últimas décadas, marcados fuertemente por las circunstancias político-sociales del mismo.  Por un lado, en los 70’s se cerró y luego reaperturó la única universidad pública, después de su sometimiento y saqueo, y tras la posterior agresión a muchos de sus pensadores, autoridades, estudiantes y trabajadores en general. Muchos de ellos apresados, exiliados o asesinados. Por otro lado, se suscitó un creciente interés de sectores privados por lucrarse a través de la mercantilización de la Educación Superior. Esto llevó a que al final de los 90’s  existiesen más de 50 universidades, la gran mayoría de ellas caracterizadas por muy bajos niveles de calidad y con orientación hacia la cultura de la rápida titulación, sin presión académica y con un sinfín de carencias, desde las infraestructurales hasta las de profesionales sin la altura formativa mínima necesaria para ejercer la docencia. Las evidentes consecuencias negativas que esto conllevó para el país, trajo con el correr del tiempo el natural cierre de muchas de ellas.

A la fecha se registran 24 universidades, destacando en cuanto al volumen de su matrícula[6], La Universidad de El Salvador (UES) con 48,212 estudiantes (extraoficialmente: más de 55,000); Universidad Tecnológica de El Salvador con 20,614; Universidad Francisco Gavidia con 12,856 estudiantes, Universidad Dr. Andrés Bello con 9,643 y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con 8,445. El resto reportan matriculas de entre 500 y 7,500 estudiantes. La mayoría de éstas, con fuertes asimetrías entre sí, adolecen problemas comunes, tales como la baja inversión en investigación, laboratorios insuficientes e inadecuados, planes y programas de estudio no actualizados, relativa baja formación didáctica en los docentes, muy alto número de estudiantes por docente, excesiva heterogeneidad y poca planeación de sus estrategias didácticas, débil conexión con el sector empresarial (por una parte imputable a éste), baja oferta de carreras tecnológicas que generen polos de desarrollo en regiones específicas del país que lo requieren, débil orientación hacia la innovación y el emprendimiento y en general a la cultura de la propiedad intelectual, entre otros.

En su búsqueda de una carrera universitaria,  una gran parte de nuestros bachilleres buscan insertarse a la única universidad pública del país. La Universidad de El Salvador reporta para el último año, más de 25,000 aspirantes de nuevo ingreso. Todos éstos realizan un examen de admisión, en el cual se presupone que todos tienen igual oportunidad. Algo que no es cierto, debido a las desiguales capacidades que los aspirantes traen consigo dependiendo de la institución de educación media y básica de donde provienen. Sobre esto, las autoridades del Alma Máter han señalado con preocupación que las mejores calificaciones en este examen  las obtienen los estudiantes procedentes de centros educativos de prestigio privados, al contrario de lo que ocurría en el pasado, cuando los mejores resultados eran bachilleres que provenían de institutos públicos.

Una muestra de las deficiencias académicas con las que la UES recibe a sus nuevos estudiantes son los resultados del examen de nuevo ingreso, en donde sólo un promedio de 1,000 de los más de 20, 000 que lo realizan, obtienen una calificación de 50 ó más puntos de un total de 100. Los aspirantes con notas entre 30 y 49 puntos pasan a una segunda fase que consiste en otra prueba. La UES acepta en promedio a 10,000 nuevos estudiantes, su capacidad instalada no da para más. Una parte de los que no pudieron ingresar a esta, (los que tienen los recursos suficientes) buscan alternativas en las universidades privadas. La relativa poca capacidad de admisión que el máximo centro de estudios del país tiene, propicia otro fenómeno educativo. Algunos estudiantes al no ser seleccionados en la carrera de su predilección, aceptan su inscripción alternativa en una carrera que aún cuenta con cupo, con la esperanza de hacer en el momento oportuno, un cambio hacia su primera opción. Esto presupone tomar la decisión de hacer un año en una carrera que no eligieron mientras esperan un cupo, buscar una universidad privada (si cuentan con los recursos económicos suficientes) o abandonar la oportunidad de cursar estudios universitarios.

El presupuesto con que la UES cuenta actualmente le impide ampliar su capacidad de admisión estudiantil, así como mejorar sustancialmente el cumplimiento de algunos de sus deberes y atribuciones conferidos en la Ley Orgánica que rige su funcionamiento. La UES tiene una asignación presupuestaria de 65 millones de dólares, el cual representa un poco menos del 1.4% del presupuesto de la nación. Es la asignación presupuestaria para Educación Superior más baja de Centroamérica, por debajo de Guatemala (3.5%), Honduras (4%), Belice (4.5%), Nicaragua y Panamá (5%) y de Costa Rica (6%). Este análisis se vuelve escandalosamente revelador y apremiante al identificar que el presupuesto que el gobierno costarricense otorga para la Educación Superior es de más de 700 millones de dólares, y más allá que en este hermano país existan más de una Institución de Educación Superior, el monto destinado no hace sino reflejar la importancia que este ámbito tiene para sus gobernantes. Esta orientación es estructural y los resultados en el presente lo ubican según el informe del PNUD 2014 como un país de Desarrollo Humano Alto (lugar 19 de esta clasificación) y con una posición global, en virtud a su índice de Desarrollo Humano, en la posición 68. La historia señala que hace más de 60 años Costa Rica le apostó, mediante una reforma  constitucional, y en ese entonces con un PIB per cápita relativamente bajo (US$ 2,123) a energizar su inversión gubernamental en los sectores de Educación, Salud Pública y Seguridad Social.

La Constitución salvadoreña en su Sección Tercera, Art. 61 establece que el Estado dentro de su presupuesto destinará el recurso que sea requerido para garantizar el sostenimiento y asegurar  acrecentar el patrimonio de las universidades estatales existentes. Sin embargo, es más que evidente que esto se ha vuelto parcialmente “letra muerta”. La Educación Superior en nuestro país sigue sin ser fortalecida. Resulta muy desalentador y hasta cierto punto inverosímil que ninguno de los gobiernos en las últimas décadas haya comprendido, y a la vez traducido en acciones;  que los resultados de la relación Beneficio-Costo de invertir en la educación a todo nivel es en extremo positiva. Sin embargo, esto no solamente plantea retos y obligaciones al Gobierno.

La UES como única Universidad Pública del país también debe crecer cualitativamente, revisar sus procesos, principalmente los estratégicos, pero con fuerte ahínco, en muchos relativos a la toma de decisiones e importantes ámbitos operativos. Su estructura de gobernanza, en donde el Rector, el Consejo Superior Universitario (CSU) y la Asamblea General Universitaria (AGU) deben articularse y confluir para la conducción estratégica y  operativa de la Universidad, evidencian en múltiples dimensiones, muy fuertes oportunidades de mejora. La amplia participación de muchos actores en la toma de decisiones al interior de la universidad, muchos de ellos con plurales formas de pensamiento y enfoques, algunas veces salpicadas fuertemente de posiciones políticas y de intereses diversos, ralentizan y le restan eficiencia a muchos procesos y por ende, idoneidad a los resultados esperados y requeridos de éstos. Pese a ello y a muchas falencias organizativas, administrativas y procedimentales, la UES tiene un potencial inmenso. Reconocido a nivel nacional e internacional. La extremadamente fuerte experiencia de muchos de sus dirigentes y recurso docente en  general, la diversidad y cantidad de carreras impartidas, la visión avanzada de algunas facultades, la solidez y exigencia de sus procesos académicos, su potencial para la producción científica y tecnológica y la profunda visión social de su enfoque estratégico y operacional, entre muchos otros, son atributos que hacen creer que puede aportar mucho más a la sociedad, a través de una significativamente mayor asignación presupuestaria.

La UES  a través del tiempo ha expuesto al Estado sus necesidades de incremento presupuestario, generalmente bajo distintas modalidades de justificación, en donde además de ofertar ampliar su capacidad instalada, le apuesta a elevar, entre otras cosas, su infraestructura académica y el nivel de la investigación y proyección social.

El Salvador tiene un reto de grandes proporciones. En primer lugar, debe elevar sustancialmente la calidad de la educación básica y media, no sólo apostándole a la mejora de indicadores de cobertura, lo cual no deja de ser muy positivo, siempre y cuando se potencie paralelamente el nivel de calidad de la enseñanza, con profundo enfoque a las ciencias, al inglés y al fomento de la innovación desde edades tempranas, y por supuesto con  la implementación exitosa de programas socio-económicos que permitan a los niños incorporarse a las escuelas y no abandonarlas.  Esto  proveerá de un insumo de mayor nivel a las IES. Para que esto sea una realidad el Estado debe desarrollar una estrategia amplia que implique implementar políticas, programas y proyectos, acompañados de los recursos suficientes para hacerlos realidad y con una visión de largo plazo, que erradique los planes y programas cortoplacistas que los gobiernos de turno diseñan e implementan.

Las IES en general deben elevar urgentemente sus niveles de calidad, siendo la UES quien pareciera que, por el mayoritario volumen actual y proyectado de absorción de graduados de bachillerato,  debiera hacerlo con mayor celeridad, pero que a la vez por sus fortalezas quizá sea quien en menor grado lo requiera. No obstante, es imperativo que la única universidad pública del país deba orientar sus energías a consolidar sus múltiples capacidades, así como a visibilizarlas, pero a la vez afrontar de inmediato de forma profundamente consciente el reto de eficientizarse y dinamizar su estructura organizativa y funcional. Los esfuerzos, en principio y los resultados después deben ser tan evidentes y de tal magnitud que empuje, no sólo a la UES, sino a la sociedad en general a clamar y exigir de las formas que sean requeridas, de una mucho mayor asignación presupuestaria para esta entidad pública y con esto derivar muchos más beneficios al país en general.

Cabe preguntarse, ¿se han planteado en este artículo algunos análisis y señalamientos que no hayan sido expresados anteriormente? Talvez muy pocos. En su mayoría estas son realidades que han venido siendo señaladas por muchos conocedores y no conocedores en el terreno de la Educación, sin embargo, el estatus quo no parece cambiar. Ni la educación Básica y Media han tenido saltos cualitativos y cuantitativos que llamen a los aplausos, ni la Educación Superior brindada por entes públicos ha sido potenciada en la justa dimensión que este país y sus aspiraciones de crecimiento y desarrollo lo demandan. ¿Hasta cuando el Estado entenderá el Gasto Público en Educación Superior como una importante inversión que apuntale un mejor futuro?

[1] Educación de El Salvador en Cifras   2009-­‐2013. Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas. Ministerio

de Educación- Septiembre 2014

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2013. Dirección Nacional de Educación Superior -MINED.

[5] Informe sobre Desarrollo Humano 2014 – PNUD.

[6] Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2013. Dirección Nacional de Educación Superior -MINED.