El Salvador: la economía de guerra revolucionaria y la intervención del imperialismo yanqui

Lucha revolucionaria

PARTE II

El deterioro nacional de finales de los años 70, resultado de una serie de factores de origen tanto externos como internos,  precipitó la crisis económica y social más profunda de la historia de El Salvador, la cual posteriormente se agudizó por los efectos devastadores del conflicto armado entre las fuerzas revolucionarias de izquierda agrupadas en el FMLN y el ejército nacional,  que se prolongó durante toda la década de los ochenta, generando incertidumbre y expectativas, para el comportamiento de la actividad productiva nacional y la economía en general.

En octubre de 1979 la lucha social revolucionaria culminó en un golpe de estado, el cual puso fin a la dictadura militar surgida desde principio de los años 30 del siglo XX con el Dictador Martínez, así un grupo de oficiales tomaron el control y establecieron una Junta Cívico-Militar. Esta Junta emitió una Proclamación de las Fuerzas Armadas, que explicaba los propósitos del golpe y los objetivos del nuevo gobierno, anunciando un Programa de Emergencia Nacional para efectuar cambios fundamentales en las estructuras políticas, económicas y sociales, era el último esfuerzo del reformismo en el marco del capitalismo, que buscaba dar salida a la crisis económica, política y social del capitalismo en El Salvador, con el objetivo de frenar el avance del proceso revolucionario que ya implementaba una estrategia político-militar para la  toma del poder.

Debido a lo anterior, la izquierda se organizó en un primer momento en la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), y luego se constituye el FMLN, una agrupación que buscaba recoger el testimonio político de la lucha que el pueblo salvadoreño venía haciendo desde la década de los 30’s del siglo XX, así se toma la figura de Farabundo Martí quien fue fusilado  en el marco de la masacre de más de 30,000 salvadoreños y salvadoreñas, principalmente indígenas o pueblos primitivos que fueron quienes lideraron e implementaron la insurrección del año 1932, que se venía gestando desde el siglo XIX, cuando se da el proceso de expropiación de tierras a estos pueblos primitivos durante la presidencia de Zaldívar en la década de los 80’s del siglo XIX, con la expropiación de las tierras ejidales. Así nace el movimiento revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dirigidos por, Salvador Cayetano Carpio, Schafik Hándal, Joaquín Villalobos, Francisco Jovel y el Dr. Fabio Castillo; cada uno liderando las 5 organizaciones que conforman el FMLN en 1980 y crean un brazo político diplomático, el FDR, que agrupaba fuerzas políticas que no utilizaban la lucha armada,  pero que se vuelven aliados del FMLN para la lucha política diplomática, fundamentalmente en el contexto internacional. Con las bases de los sectores campesinos  y obreros organizados en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, constituida por  organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles, se establece el Ejército Revolucionario que a partir de 1980, entra en una clara estrategia político-militar hacia la toma del poder. En los primeros meses de 1980 se da una profundización de la lucha revolucionaria que tiene como repuesta la represión y el asesinado selectivo y de masas de parte del Ejército Nacional, lo que provoca un hecho social relevante,  que sucedió el 24 de marzo de 1980, cuando el entonces Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado durante una celebración de una misa, en la capilla del Hospital Divina Providencia, como resultado de los clamores que Monseñor Romero hacía al gobierno, al ejército y a la oligarquía con sus escuadrones de la muerte, que cesara la represión y los asesinatos  de campesinos, obreros, estudiantes y feligreses de la iglesia católica.

El Gobierno, por su parte, movilizó al ejército y a la policía a fin de combatir a la insurgencia. Con apoyo del gobierno norteamericano, se establecieron los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), entre estas unidades de élite, el denominado Batallón Atlacatl. En tanto, grupos de militares y policías al margen de la ley, con apoyo de empresarios y terratenientes, crearon los llamados Escuadrones de la Muerte, que se dedicaban a aterrorizar las zonas rurales y paupérrimas, de donde el FMLN obtenía su mayor apoyo; simultáneamente el Imperialismo Norteamericano comienza su involucramiento directo en el campo militar y económico para apoyar a la oligarquía salvadoreña y su gobierno en la estrategia de derrotar al FMLN, y de esa forma terminar con el proceso revolucionario del pueblo salvadoreño.

Así en 1980 se inicia a la par de la lucha política militar lo que llamamos  “una economía de guerra y una guerra a la economía”, guerra no solo llevada a cabo por las fuerzas revolucionarias sino también por las Fuerzas Armadas, el Gobierno y el Imperialismo Norteamericano, quien con recursos de su Estado y de la Banca Multilateral creada en el marco de los acuerdos de Breton Woods, después de la segunda guerra mundial, financian la guerra contrainsurgente y la economía de guerra como describiremos en este artículo.

La crisis económica de finales de la década de los 70´s y principios de los 80´s del siglo pasado, resultado del conflicto interno, estuvo relacionada con una serie de fenómenos exógenos adversos, dentro de los cuales se encuentran: la disminución de la demanda internacional y regional y la caída de  precios de los principales productos de exportación del país, acompañado de un marcado aumento del costo del petróleo y de la inflación mundial (y por lo tanto de los precios de los productos importados), y que como consecuencia de esto los términos de intercambio del país se deterioraron considerablemente, así la escasez de divisas se agudizó por la caída de los flujos financieros extranjeros privados, el aumento del servicio de la deuda externa acumulada en años anteriores y la fuga masiva de capitales[1].

La escasez de divisas llegó al punto decisivo en 1980, como consecuencia de la extrema dependencia del aparato productivo respecto de bienes de capital e intermedios importados, lo que se produjo una drástica caída de la producción y el empleo, además llevó al surgimiento de un gran mercado negro de dólares, alimentado en parte por los fondos enviados por los salvadoreños emigrantes, convirtiéndose también en un vehículo importante para la fuga de capitales, exacerbando el ciclo de crecimiento lento e inflación acelerada.

La respuesta del gobierno durante los primeros años de la crisis económica se orientó hacia la expansión y recurrió a mecanismos administrativos, fomentando la demanda a través de incrementar los empréstitos del exterior, con la esperanza de cubrir el déficit en cuenta corriente y aliviar las presiones sobre el crecimiento y la inflación inducidas por las divisas, se implementó también una política anticíclica basada en proyectos de inversiones públicas con el propósito de compensar las disminuciones de la inversión privada.

En 1981 se abandonó la estrategia económica orientada a la expansión, producto de la intensificación del conflicto armado y de las presiones sobre las finanzas públicas, el gobierno lanzó entonces, un programa de austeridad, que buscaba reducir la demanda agregada por medio de una mayor regulación monetaria, disminuir el gasto público no militar, especialmente las inversiones públicas, congelar sueldos y salarios, así como los precios de ciertos productos y servicios básicos, aumentar las tarifas de algunos servicios públicos y adoptar un control cambiario más estricto, política que dio paso a la captación de recursos del exterior, principalmente de Estados Unidos.

La reorientación hacia la austeridad se afianzó en 1982, cuando el nuevo gobierno firmó un acuerdo de derechos especiales de giro con el FMI,  para obtener  un crédito de 50 millones de dólares y un financiamiento compensatorio de 37 millones de dólares; esto condicionado a  implementar un programa de estabilización durante un año; las principales características del programa de estabilización, eran la creación de un mercado cambiario paralelo (a fin de avanzar hacia una política cambiaria más liberal trasladando las transacciones al mercado “libre”; el tipo de cambio oficial se mantuvo en 2.50 colones por dólar, mientras que se permitió que el paralelo fluctuara en respuesta a la oferta y demanda, funcionando como un mecanismo de devaluación gradual a medida que las transacciones comerciales fueron trasladándose del mercado oficial al mercado paralelo); el reajuste diferencial de las tasas de interés; la reducción del déficit del sector público, especialmente del gobierno central; y el aumento del impuesto al timbre fiscal[2].

Todos estos hechos hicieron que la presidencia de los Estados Unidos administrada por Ronald Reagan, tomara al país como modelo en varios puntos esenciales de su estrategia para detener el avance de los procesos revolucionarios,  en Centroamérica y  otros países del Tercer Mundo, por lo que con una estrategia de intervención directa en lo político, militar y económico buscaba a) frenar el expansionismo soviético, b) establecer un orden democrático, y c) “superar la injusticia estructural que causa descontento popular, en el que se nutren los movimientos revolucionarios”.  Para mantener esa injerencia y conseguir el objetivo mencionado presenta un programa de ayuda económica y militar, el cual se hace indispensable para que sus aliados naturales o de conveniencia no sean derrotados en cada país por los movimientos revolucionarios.

La  asistencia militar y económica que se derivó, ya sea  bajo la modalidad de préstamos o donaciones, significó flujos de recursos financieros para la guerra contrainsurgente en El Salvador, que entre 1980 a 1992 se expresó en una asistencia militar directa de 1,188.16 millones de dólares y una asistencia económica para el mismo período de 3,350.90 millones de dólares; la mayor parte de la ayuda económica se dio en el marco del Fondo de Ayuda Económica, categoría de asistencia que se justificaba apelando básicamente a razones de seguridad, como podemos observar en el desglose del Cuadro[3] N°1 :

Cuadro 1

En este período la economía nacional giró en torno a la asistencia económica estadounidense directa, que se administraba por AID, la cual se otorgó bajo tres formas básicas: divisas para apoyar directamente la balanza de pagos; financiamiento en dólares de proyectos específicos; y productos agrícolas importantes bajo el programa PL-480, y la indirecta por medio de la banca multilateral.

Cuadro 2

La asistencia en balanza de pagos durante el período, mantuvo la capacidad de importar y alivió el deterioro de las finanzas públicas, mientras que la asistencia bajo la PL-480 apoyó la estabilización agrícola aumentando la disponibilidad de alimentos y liberar divisas para otros usos, significando un apoyo indirecto a la balanza de pagos, y la financiación de proyectos se destinó en más de la mitad a la rehabilitación de servicios públicos y a proyectos de estabilización social.

La dinámica de la asistencia económica se orientó a promover transformaciones, hasta mediados de los 80´s, estuvo dominada por el apoyo a la reforma agraria y al desarrollo del movimiento obrero-campesino contrainsurgente; para el siguiente período crece aceleradamente la asistencia para la promoción de exportaciones y el fortalecimiento del sector privado; y, en cuanto a la reforma política es entre 1990 y 1992 cuando se compromete más del 60% de los fondos asignados durante 1980-1992.

Cuadro 3

Como podemos constatar en el Cuadro N°4, en el caso de la asistencia de Estados Unidos, a pesar que un alto porcentaje de la misma se otorgó como donación, el monto acumulado de préstamos fue significativo llegando a 806.8 millones de dólares para finales de 1991, lo que hizo que la participación del gobierno de los Estados Unidos en la deuda pública externa del país, se elevara a 38.9% del total al año 1991, superando al BID como el principal prestamista de El Salvador.

El resultado de la asistencia estadounidense se tradujo en un impacto en el nivel y perfil de la Deuda Externa del país, la cual básicamente fue deuda pública (sector público no financiero y deuda del Banco Central de Reserva), y siendo relativamente bajo el monto de deuda externa del sector privado con 109.6 millones y la deuda pública externa alcanzó el monto de 2,073.5 millones para  finales de 1991, como se puede observar en el Cuadro N°4.

Cuadro 4

El financiamiento de la guerra contrarevolucionaria por medio del presupuesto del Gobierno del Imperialismo Yanqui y los recursos de la Banca Multilateral, BID, Banco Mundial, FMI y Banco Centroamericano de Integración Económica, fue encubierta en el marco de las políticas económicas orientadas supuestamente  a dinamizar la economía salvadoreña. Los niveles de deuda durante el período de 1980 a 1992 se incrementaron significativamente, así esta pasó de un saldo  de 475 millones de dólares en el año 1980, a un monto de a 2,932 millones de dólares en 1991, un incremento porcentual del 517%;  como porcentaje del PIB la deuda representó en el último año mencionado el 20.97%  del PIB.

Analizando los desembolsos de deuda recibidos en comparación con los servicios de deuda, en primer lugar, podemos concluir que la guerra fue todo un negocio para el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y para la Banca Multilateral, esto se deduce al analizar  los desembolsos de la deuda , el servicio de esta y el monto acumulado de la deuda al final del período examinado. Los desembolsos acumulados de deuda en el período fueron de 1,840 millones de dólares, simultáneamente el servicio de la deuda para el mismo período significó 1,184 millones de dólares, lo que expresa que el desembolso neto del flujo para El Salvador fue únicamente de 656 millones de dólares. Los intereses pagados en dicho período fueron de 548 millones de dólares. El negocio de la guerra contra el pueblo salvadoreño termina de quedar claro cuando vemos que el saldo de la deuda al año 1991 totalizaba 2,932 millones de dólares, habiendo partido con un saldo de 475 millones de dólares en 1980.  Como decíamos, la guerra contra el pueblo fue un negocio del Imperialismo Estadounidense y sus organismos financieros, en este proceso de Economía de Guerra Imperialista, que al final fue financiada por el pueblo salvadoreño, o sea, el pueblo pagó  la compra de los aviones, tanques, ametralladoras, municiones, asesores yanquis, etc., que sirvieron para masacres como la de El Mozote, del Río Sumpul y Las Hojas, en otras palabras,  represión y asesinato sistematizado en las ciudades y las áreas rurales.

Cuadro 5

En conclusión, la inversión en la guerra contrainsurgente en los 11 años de la lucha de liberación del pueblo salvadoreño y su vanguardia FMLN, compuesta de 2,923 millones de donaciones en lo económico y en asistencia militar  por 1,188 millones de dólares de parte del Estado Yanqui, más el incremento de la deuda multilateral y con EE.UU. por medio de la AID de 2,457 millones de dólares, es decir, que en total en la guerra se invirtieron 6, 568 millones de dólares. De esto el pueblo salvadoreño pagó un servicio de deuda entre 1980 y 1991 de 1,184 millones y se quedó con una deuda pendiente de 2,457 millones de dólares. En sí, la inversión en la guerra contra el pueblo salvadoreño de parte del Imperialismo y el Estado salvadoreño, significó una inversión diaria promedio durante todo el período de más de 1.6 millones de dólares. Por otra parte, el  pueblo enfrentó un costo por esta invasión yanqui de 3,641 millones de dólares al año 1991, producto del pago del servicio de la deuda más el saldo pendiente de pago al mismo año, quiere decir que el costo fue mucho mayor para el pueblo salvadoreño, si se contabilizara cuánto significó de intereses el pago de ese saldo que se tuvo que cubrir después de la guerra.

Este costo económico de la guerra, resultado de la invasión yanqui con el beneplácito del ejército salvadoreño y de la oligarquía, tiene además los costos del asesinato de más de 70,000 salvadoreños, la descapitalización de la economía, la profundización de la pobreza, la descomposición familiar por la migración, etc., todos estos costos son resultado del deseo del pueblo por construir su propio destino, que lo llevó a tener que enfrentar al imperialismo yanqui, el cual tuvo que reconstruir 3 veces el ejército represor, el cual fue desarticulado por la fuerzas guerrilleras.

Esta memoria histórica no se nos debe olvidar, la lucha por seguir avanzando en la revolución sigue pendiente, y no podemos decir que los Acuerdos de Paz, que se hicieron con toda la intensión de ascender al poder de parte del pueblo salvadoreño, no incluían igual, la obligación de continuar la lucha hasta tomarse el poder de parte del pueblo y construir un Estado de intereses de la clase proletaria y campesina, anti-imperialista; no podemos permitir que el Estado Burgués y el capitalismo absorba la lucha histórica revolucionaria por la liberación del pueblo salvadoreño.

[1] PNUD, “Ajuste hacia la paz: La Política Económica y  la Reconstrucción de Posguerra en El Salvador”, Articulo La Economía de Guerra por Alexander Segovia, Agosto 1999, Plaza y Valdés Editores, México, páginas 56-61.

[2] Ibídem.

[3] Herman Rosa, “AID y las transformaciones globales en El Salvador: el papel de la política de asistencia económica de los Estados Unidos desde 1980”, editorial CRIES, Nicaragua 1993, Resumen de páginas 7-17, 122.